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OPERACIÓN PERSERTE

Responsables, testaferros y empleados públicos: quién es quién en el caso que afecta a Forestalia

Se les acusa de varios delitos como prevaricación, cohecho, pertenencia a organización criminal o blanqueo de capitales

ARAGÓN NOTICIAS /
icono foto Quién es quién en la operación Perserte. / Aragón TV

Un responsable, varios testaferros y la connivencia y participación de empleados públicos: así es el presunto entramado vinculado a la empresa Forestalia que, desde hace tres años, investiga la Guardia Civil y que la semana pasada se saldó con seis detenciones. Entre los arrestados, quienes se encuentran actualmente en libertad, está el presidente de la compañía. Se les acusa de varios delitos como prevaricación, cohecho, pertenencia a organización criminal o blanqueo de capitales.

Quién es quién en la operación Perserte, la trama investigada por la Guardia Civil que implica a Forestalia.

  • Fernando Samper, presidente del grupo Forestalia. Según el auto del juez que instruye la causa, es el actor principal en toda la trama, lo que le convertiría, presuntamente, en el gran beneficiado de la supuesta corrupción de dos organismos que debían velar por el cumplimiento de las leyes medioambientales: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), a nivel autonómico, y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), a nivel estatal. El informe de la Guardia Civil señala a Samper como el presunto promotor y receptor final de los tratos de favor administrativos que permitieron la aprobación de múltiples proyectos de energías renovables. Los conseguía, según la instrucción de la causa, favoreciendo a cargos públicos, ya que tenía una relación inusualmente estrecha con funcionarios clave y, presuntamente, les recompensaba económicamente a través de sociedades mercantiles e intermediarios.

  • Eugenio Jesús Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Miteco. Varios testigos señalan a Domínguez como el responsable de crear un sistema de tramitación paralelo siendo él quien asumía las gestiones de los proyectos del grupo Forestalia, una práctica calificada de "extraordinaria".

  • Jesús Lobera, exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). La Unidad operativa de Medioambiente del Seprona adjudica a Lobera un papel clave en las presiones ejercidas a funcionarios autonómicos para lograr informes favorables para Forestalia. Fue director del Inaga entre 2016 y 2023 y el juez le atribuye haber reorganizado las competencias de forma anómala para eludir los controles técnicos.
  • Eduardo y Roberto Pérez Águeda, presuntos testaferros, y la notaría de Javier de Lucas y Cadenas, supuestos responsables del opaco entramado societario para la ocultación de las contraprestaciones presuntamente ilegales.

El juez celebrará este viernes una vista de medidas cautelares

El juez del juzgado número 1 de Instrucción de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, ha convocado una vista para decidir sobre las medidas cautelares pedidas por la Guardia Civil relacionadas con la conveniencia de paralizar la ejecución del proyecto del Clúster del Maestrazgo.

En una nota de prensa, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón apunta que el juez, antes de resolver sobre la medida cautelar apuntada por la UCOMA (la unidad de la Guardia Civil integrada en el Seprona y especializada en la protección de la naturaleza), ha decidido celebrar una vista de medidas cautelares este viernes, 13 de marzo, a las 9:30 en la sede judicial.

El informe medioambiental presentado por la UCOMA es el resultado de la pericial encargada por el juez a esta unidad en relación con el Clúster del Maestrazgo, el megaproyecto eólico promovido por Forestalia con 125 aerogeneradores en las comarcas de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. En el informe, la Guardia Civil advierte al juez de que podrían ocasionarse daños medioambientales irreversibles en la zona y por ello informa de la conveniencia de paralizar la ejecución del proyecto.

A la vista de las medidas cautelares fijada para el viernes están citados a comparecer el Ministerio Fiscal, las partes personadas y las empresas que se puedan ver afectadas por la adopción de la medida cautelar. Por otra parte, el juez ha consultado al Ministerio Fiscal sobre una posible inhibición, una opción sobre la que la Fiscalía ha remitido un informe favorable al instructor. 

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