El Gobierno lanza la mayor oferta de empleo público de la historia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la mayor oferta pública de empleo (OPE) de la historia, con 30.445 plazas en la Administración General de Estado (AGE) y ha fijado el techo de gasto para 2022 en 196.142 millones de euros, un tope que sustenta sobre una cuadro macroeconómico en el que prevé pasar del -6,5 % del PIB en abril de este año al 7% en 2022, aunque con una mayor aportación de las exportaciones y una menor de la demanda nacional. Esta "senda del crecimiento retomada", según ha expresado la la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, puede animar al Gobierno a recuperar su idea de volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre y cuando se mantenga el ritmo de creación de empleo en verano.

La OPE aprobada dispone un gran contingente de funcionarios destinado a Hacienda y la Función Pública en general, áreas a las que se dotará principalmente de perfiles STEM, acrónimo en inglés de materias como las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas.  Los sindicatos, que ya rechazaron la semana pasada una primera propuesta de algo más de 20.000 plazas,  consideran igualmente insuficiente la OPE aprobada, ya que, a su juicio, resultará insuficiente para paliar las necesidades que presenta la Administración. 

Presupuestos expansivos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que este "histórico" límite de gasto no financiero, un paso clave hacia el futuro Presupuesto de 2022, fortalecerá los servicios públicos e impulsará el cambio de modelo productivo "de la mano del Plan de Recuperación". El Consejo también ha establecido la referencia de déficit para 2022, del 5% del PIB, igual que se comunicó a Bruselas en abril y 3,4 puntos menos de lo que se espera un 2021. Al igual el año pasado, el Gobierno ha solicitado al Congreso que "vuelva a apreciar que existe una pandemia" y, por lo tanto, se dan las condiciones para activar el artículo de la ley de estabilidad que permite no fijar objetivos, sino simplemente una referencia.

La ministra ha señalado que el aumento del techo de gasto es compatible con la reducción del déficit gracias a la previsión de crecimiento económico, que elevará un 4,6% los ingresos tributarios totales, y a que los fondos europeos son "neutros" para el presupuesto, ya que computan en términos de contabilidad nacional, con independencia del calendario de pagos -España recibirá 18.000 millones en 2022, frente a los 19.000 de este año-.

Temporalidad y escasez de personal

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende aprovechar la llegada de los fondos europeos para, en primer lugar, atajar la elevada tasa de temporalidad de la Administración pública, cercana al 30%, según la EPA, una de las más elevadas de la Unión. Por ello, contempla una gran operación de consolidación, con la reserva de 9.509 plazas de promoción interna. Además, tiene la tarea de acabar con las graves carencias evidenciadas durante la pandemia, tanto por la escasez de un personal envejecido (52 años de edad media) y sin la debida reposición, como por su falta de adaptación a las nuevas tecnologías y la propia limitación de medios, especialmente en la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el ciberatacado Servicio Público de Empleo (SEPE). Unos problemas que irán a más ante la perspectiva actual de que la mitad del personal se jubilará antes de 2029. 

Para ello, el Gobierno de España se ha comprometido con Bruselas a modernizar la Administración pública a cambio de recibir los ansiados 140.000 millones de euros en ayudas hasta 2025. Los planes del Ejecutivo pasan por acometer una transformación tecnológica, para la que destinará 4.315 millones, así como diferentes medidas que contribuyan a la mejora de la gestión y el refuerzo del capital humano. 

Perfiles TIC 

Así, la OPE reservará 2.924 plazas para actividades técnicas y científicas y, dentro de ellas, primará la llegada de perfiles especializados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y convocará 1.330 vacantes para informáticos e ingenieros de sistemas. Además, impulsará la llegada de profesionales formados en disciplinas como las ingenierías, la estadística y la arquitectura.

Además, la Agencia Tributaria se reforzará con cerca de 1.500 plazas, a Justicia llegarán unas 1.200 empleados públicos y otro millar de puestos saldrá para el sistema penitenciario, mientras que la  Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército sumarán en total casi 7.000 nuevos funcionarios.  

El anuncio llega después de que el pasado 5 de julio el Gobierno, por medio del entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, firmase un acuerdo con los sindicatos para la convocatoria de plazas estructurales que venían siendo ocupadas por interinos desde hace más de tres años. Un pacto que, tras el relevo de Iceta por la nueva ministra Isabel Rodríguez, desembocó en la aprobación la semana pasada en el Congreso de los Diputados, y por un solo voto de diferencia, del decreto ley que persigue la reducción de la temporalidad del empleo público y que contempla hacer fijos sin oposición a unos 300.000 interinos que llevan diez años en el mismo puesto.   

Empleo público en Aragón

Los opositores y los interinos aragoneses permanecen expectantes ante el anuncio para ver cómo se traslada esta OPE a las diferentes comunidades autónomas. En enero de este año, Aragón contaba con un total de 95.279 empleados públicos, de los que 21.090 trabajaban en el sector público del Estado, 55.414 desempeñaban su labor para la Comunidad y 18.775 lo hacían para la Administración local, según recogió en junio el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP). Por provincias, Zaragoza concentra el mayor contingente, con 66.955 funcionarios; Huesca tiene 16.830; y Teruel, 11.494. 

En cuanto a los empleados públicos dependientes de la Administración central, 6.685 pertenecen a la Administración General del Estado, 14.051 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 354 se encuentran adscritos a Justicia.