Luz verde a la ley de infancia, que amplía el plazo para denunciar abusos

El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves la ley de protección a la infancia frente a la violencia con un amplio consenso. El plazo de prescripción de los delitos graves empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18 como hasta ahora. 

El proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde deberá seguir su tramitación en Comisión y Pleno, con el anuncio de varios grupos de que mantienen vivas enmiendas para seguir incluyendo mejoras. Esta nueva normativa sale del Congreso con el voto en contra de PNV porque entiende que invade competencias y de Vox por motivos ideológicos, mientras que PdeCat y EH Bildu han optado por abstenerse.

El texto aprobado refuevrza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa. Los grupos han acordado ampliar cinco años más la edad desde la que se comienza a contar la prescripción de los delitos graves respecto a la propuesta del Gobierno, hasta los 35 años.

Actualmente, se cuenta desde los 18 años, por lo que pocos casos de abusos llegan a juzgarse porque las víctimas tardan en ocasiones décadas en reconocer públicamente la agresión. En su paso por el Congreso, se ha dotado a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

La norma se conoce también como ley Rhodes, en reconocimiento a este pianista sometido a graves abusos cuando era niño por parte de su profesor.

Nuevos delitos en Internet

La iniciativa legislativa remitida al Parlamento amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de Internet y crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, como un Registro Central de Información. Así, se castigan nuevos delitos en la red, entre ellos la incitación al suicidio, a la autolesión o al trastorno alimentario.

Además, a partir de ahora todos los ciudadanos, incluidos cónyuges, tendrán el deber de comunicar a las autoridades cualquier indicio de violencia. La intención de esta nueva normativa es buscar una protección global para las víctimas de abusos.