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JUSTICIA

Los jueces de paz aragoneses resolvieron en 2021 un 10% más de asuntos

A pesar del repunte, las cifras no paran de descender debido a la pérdida de competencias. El titular de Quinto explica cuáles son sus funciones

LETICIA BUENDÍA /
Aragón cuenta actualmente con 715 Juzgados de Paz./PEXELS
icono foto Aragón cuenta actualmente con 715 Juzgados de Paz./PEXELS

Ejercen una labor de conciliación que evita que muchos conflictos terminen en pleitos judiciales más complicados. Los jueces de paz aragoneses resolvieron durante el año 2021 un 10% más de asuntos que en el ejercicio anterior, según los datos publicados este lunes por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest). La cifra de casos civiles se incrementó un 8,57%, pasando de los 21.515 a los 23.358, mientras que el número de asuntos penales solventados por esta figura ascendió un 12,58%, experimentando un aumento desde los 11.426 hasta los 12.863.

A pesar de este crecimiento, los datos muestran que, a lo largo de la última década y, en especial, a partir de 2017, año de entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que modificó las competencias en materia penal de los Juzgados de Paz, el número de asuntos resueltos ha mostrado una clara línea descendente. Los mejores resultados registrados por estos órganos en la Comunidad fueron los de 2012, cuando llegaron a atender 34.860 casos civiles y 24.834 penales, y los peores, los de 2020, como resultado de la pandemia. Por provincias, el año pasado, en Zaragoza asistieron 13.381 asuntos civiles y 7.509 penales, en Huesca 4.311 y 2.553, y en Teruel 5.666 y 2.081.

En Aragón, hay un total de 715 Juzgados de Paz, cada uno de ellos con una figura titular y, en la mayoría de los casos, también con la de un juez de paz sustituto.

Una figura en peligro de extinción

Herida ante la reducción de competencias en 2017 por la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la figura del Juez de Paz podría desaparecer próximamente si llegara a entrar en vigor la propuesta de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que busca promover la digitalización en juzgados y tribunales del país, y que permitiría a los ciudadanos realizar gestiones electrónicamente en todo el territorio.

Esta incluye la creación de una Oficina de Justicia en el municipio, una estructura administrativa que se nutre de las actuales secretarías de los Juzgados de Paz, "cuya figura desaparece del ordenamiento", explica el borrador. "La Justicia de paz, que ha tenido un papel fundamental como punto de contacto de la Administración de Justicia en el ámbito local durante casi dos siglos, desde 1855, da paso a una nueva estructura que da respuesta a la misma necesidad, pero de manera más ajustada a las actuales demandas sociales", indica el texto del anteproyecto.

Los requisitos: ser una persona "buena y honrada"

Enrique Solanas, titular en Quinto, municipio dependiente del partido judicial de Pina de Ebro, en Zaragoza, lleva ocho años desempeñando este papel, para el que considera que hay que cumplir dos requisitos: ser una persona "buena y honrada". Ya jubilado, y sin vinculación previa con el mundo legal -no es necesario pertenecer a la carrera judicial-, presentó su candidatura al Juzgado de Paz de su pueblo en 2015, motivado por el "aburrimiento" y por el apoyo de sus amigos, quienes le animaron a dar el paso confiando en su capacidad para ejercerlo de forma justa. "Los concejales del Ayuntamiento y el alcalde son los que eligen al juez de paz. Hay una votación y se decide por mayoría", explica Solanas. 

A las labores administrativas -registro de nacimientos o firma de certificados de fe de vida y estado-, se suman los juicios de conciliación. "Generalmente se trata de denuncias absurdas de un vecino a otro o de un amigo a otro. Hay casos en los que conviene primero denunciar para después reconciliarse. Porque, algunas veces, las palabras se las lleva el viento", señala Solanas. "La denuncia pasa por el juzgado de Zaragoza y después regresa aquí, a través del secretario judicial, que es quien fija una fecha y una hora para que se celebre el juicio -relata-. Tenemos potestad para imponer multas de hasta 90 euros si la cosa se pone fea, aunque yo nunca he llegado a eso".

Entre los casos que ha tenido que resolver se encuentran, en su mayoría, disputas entre vecinos cuyas posesiones (como campos o viviendas) colindan. "Una tajadera que al abrirse regó el campo de otro, unas tejas rotas del vecino para poder arreglar su antena, una tía que acusaba a su sobrina de dejar la basura en su puerta...", cuenta. "Yo sé que tendemos a desaparecer y que todo se procesará informáticamente, pero, si faltamos todos los jueces de paz que a día de hoy hay en España, esto va a ser un caos", concluye.