La fruticultura se blinda ante la nueva campaña

A un mes de que se inicie la campaña de recogida de la fruta, Aragón se blinda para evitar una ola de contagios de coronavirus, como ya ocurrió en la mismas fechas de 2020. El Gobierno de Aragón publicó el pasado 4 de febrero la orden que obliga a que los temporeros tengan vivienda y contrato durante la temporada agrícola. Este martes se dará a conocer el número total de empresarios que han presentado la 'declaración responsable' que exige el Gobierno, para establecer unas previsiones de contratación antes de que dé comienzo la campaña. 

Se trata de una de las principales medidas adoptadas por el Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en esta campaña. De esta forma, el empleado únicamente se podrá desplazar con una declaración responsable en la que figure su domicilio y que esté sujeta a un contrato de trabajo. Hasta el 10 de marzo se habían presentado 1.300 declaraciones responsables, lo que supone que casi la mitad de los empresarios, el 43%, se comprometen a facilitar una vivienda digna a sus trabajadores. 

"Evitar que vengan más de los que se necesitan"

El objetivo, como ya adelantó el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, es evitar que se repitan los graves rebrotes de coronavirus que sufrieron varias localidades el verano pasado durante la temporada de recogida de la fruta. "Buscamos evitar que vengan más trabajadores de los que se necesitan. No necesitamos 30.000, ni siquiera en julio y agosto. Y que los que vengan, lo hagan con compromiso de contrato y, sobre todo, con garantías de alojamiento", afirmaba el pasado mes de febrero el consejero Joaquín Olona.

Los sindicatos agrarios, por su parte, piden a las administraciones públicas dotaciones presupuestarias para la construcción y puesta a punto de módulos destinados a vivienda. Uno de los retos de esta campaña es gestionar a los trabajadores que llegan hasta localidades como el Bajo Cinca, Valdejalón o Caspe, desde otros puntos del país sin trabajo y sin vivienda. Muchos de ellos reconocen que descartan los alojamientos facilitados por los empresarios, ya que su alquiler se les descuenta del sueldo. Una situación que provoca que muchos vivan en pisos compartidos, donde llegan a convivir hasta diez personas, lo que a su vez genera situaciones de hacinamiento. Algo que en la actual situación de pandemia pone en riesgo la salud de los trabajadores y del resto de ciudadanos, pudiendo provocar focos de contagio, como ya ocurrió en la última campaña.