Los divorcios no consensuados aumentaron un 6,2% en Aragón en 2023

Cuando el amor se acaba, en algunos casos, comienzan las discrepancias. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023, los divorcios no consensuados aumentaron un 6,2% en Aragón. El año pasado se presentaron en la Comunidad 787 de estas demandas, de las que 545 corresponden a Zaragoza, 145, a Huesca y 97, a Teruel. 

Pero la falta de avenencia entre los excónyuges también se dejó notar en el número de requerimientos presentados por modificación de medidas sin conformidad, que fue de 784 en la Comunidad -un 2,8% más que el ejercicio anterior-, frente a las 340 de mutuo acuerdo. Además, el año pasado también se detectó un incremento del 7,5% de las demandas de guarda, custodia y alimentos para hijos menores no matrimoniales no consensuadas. Por provincias, los juzgados de Zaragoza ingresaron 425 de estos asuntos, 96, los de Huesca y 39, los de Teruel. 

En término generales, el número de demandas presentadas en los juzgados aragoneses por disolución matrimonial a lo largo del pasado año fue de 2.480, un 5,1% más respecto a los 2022. A pesar del crecimiento, la Comunidad se situó entre las regiones con una menor tasa, un total de 183,8 por cada 100.000 habitantes, frente a Canarias -con 247,3-, o la Comunidad Valenciana, con un índice de 223,1.

"Un divorcio se considera consensuado cuando las partes se ponen de acuerdo para alcanzar lo que en derecho aragonés se conoce como Pacto de Relaciones Familiares, en el que se estipulan una serie de cláusulas sobre las posiciones de los cónyuges tras el divorcio", cuenta Cristina Chárlez, presidenta de la sección de Derecho a la Persona del Colegio de Abogados de Zaragoza. 

Como explica la experta en derecho de familia, estos documentos recogen cuestiones como la custodia de los hijos, el uso o adjudicación de la vivienda y las pensiones o aportaciones de gastos. "Todo esto se materializa en un acuerdo que se tramita ante el juzgado para que se ratifique ante el juez", añade. A estos puntos, la abogada de familia señala que, en los últimos años, también se ha incorporado el de la custodia de las mascotas, y pone como ejemplo una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenó a un divorciado a pasar una pensión de 40 euros al mes a su ex por el perro, y a abonar a medias los gastos extraordinarios y de veterinario.

"En caso de no llegar a un acuerdo, el proceso de disolución matrimonial se tramita por lo contencioso, y será el juez quien determine las medidas", apunta Chárlez.

Incumplimiento

Los datos del V Observatorio de Derecho de Familia, elaborado por la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) a partir de una encuesta realizada a los letrados especialistas en Familia, Menores y Discapacidad, señalan que en tres de cada diez divorcios en España se incumple el pago de la pensión de alimentos a los hijos o se impiden las visitas acordadas.

Además, según este estudio, en el 13% de las disoluciones se infringe el pago de la pensión compensatoria y en el 9%, el de la compensación por trabajo en el hogar.