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MISERICORDIA

Los arrendadores de la plaza de toros de Zaragoza no podrán imponer actividades ni condiciones

La DPZ publicará los nuevos pliegos de La Misericordia la próxima semana, tras la anulación del concurso anterior por el Tribunal de Contratos

ARAGÓN NOTICIAS/EFE /
icono foto La plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza. / Aragón TV

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) publicará, la próxima semana, nuevos pliegos para arrendar la plaza de toros de La MisericordiaTras la anulación del concurso anterior por el Tribunal de Contratos, debido a los recursos presentados por varios empresarios taurinos, la institución provincial cambia el modelo. En este caso podrán alquilar el espacio, pero no imponer actividades ni condiciones.

Desde la DPZ aseguran que el contrato, que será para lo que queda de este año y el que viene, prorrogable por un año más, se hace de esta manera para garantizar la celebración de la feria taurina durante las Fiestas del Pilar.

"Con esa modalidad pretendemos y queremos garantizar que la plaza de toros de La Misericordia pueda estar arrendada las próximas fechas", ha asegurado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

Además, la oferta económica será el único criterio para adjudicar el contrato de alquiler, con lo que se descartan la regulación tanto la calidad de los festejos como el precio de los abonos, según el nuevo pliego.

En enero, la DPZ presentó un pliego de condiciones que fue eje de una intensa controversia jurídica. Los criterios de adjudicación del documento de licitación otorgaban mayor peso a la calidad de la programación y a la promoción de las ferias de San Jorge y del Pilar, frente al criterio exclusivamente económico. Sin embargo, el procedimiento fue anulado por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), lo que dejó sin efecto la licitación.

No contempla regulación de fechas, precios o calidad de los espectáculos

La DPZ recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y solicitó medidas cautelares para continuar con el proceso, pero el tribunal rechazó suspender la nulidad del pliego. La disputa jurídica estaba centrada en la naturaleza del contrato, al cuestionarse si la gestión debía articularse como arrendamiento patrimonial o como concesión de servicios. Ante esta situación y con el objetivo de garantizar la adjudicación antes de las fiestas del Pilar, la Diputación ha anunciado un nuevo pliego basado en una subasta al mejor postor.

Este modelo de contrato, que se ha presentado este viernes, no contempla una regulación de las fechas, precios o calidad de los espectáculos que se pudieran realizar en la plaza, aunque todos ellos, tal como ha apuntado Sánchez Quero, deben estar "relacionados con la tauromaquia".

El arrendamiento se va a hacer en dos anualidades, 2026 y 2027, prorrogables por un año más hasta 2028. Para 2026 se prevé alquilar la plaza durante 61 días, del 1 de septiembre al 30 de octubre, y para 2027, durante 214 días, del 1 de abril al 31 de octubre. En caso de prórroga, el 2028 también será de 214 días.

El resto del tiempo estará reservado para que la DPZ lleve a cabo actuaciones y obras de conservación y mantenimiento del inmueble, y con ese objetivo la institución trabaja en un plan director con un presupuesto de 10 millones para el cambio de la cubierta y la mejora de la evacuación y accesibilidad de la plaza.

Según ha expresado Sánchez Quero, el objetivo es que a mediados de junio ya esté adjudicado al arrendatario para así garantizar que se puedan celebrar los toros para las fiestas del Pilar.

El precio mínimo de este alquiler se vuelve a fijar en lo que establece la Ley de Patrimonio, un mínimo del 6 % del valor del bien. La plaza de toros de La Misericordia tiene un valor de venta de 14,8 millones, por lo que se establecerá un precio de arrendamientos por días que no podrá ser inferior a 2.466 euros diarios, IVA excluido.

Por tanto, para 2026 el importe mínimo será de 150.466 euros y en 2027 ascenderá a 527.867. El pliego solo establece condiciones de solvencia económica para garantizar que el adjudicatario del arrendamiento pueda hacer frente a los pagos que se le exijan. 

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