La reforma de la Ley de Seguridad Nacional supera el primer obstáculo con el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos

El Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley de reforma de la Ley de Seguridad Nacional presentadas por ERC y Junts, aunque PP, Vox y Ciudadanos han avisado al Gobierno de que no cuenta con un "cheque en blanco" para su aprobación, pese a haber contribuido a salvar este primer escollo.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de defender la reforma legislativa ante el Pleno del Congreso y ha pedido el consenso de todos los partidos para mejorar los mecanismos que permitan hacer frente a crisis y emergencias, incorporando las "lecciones aprendidas" de la pandemia.

Bolaños, al igual que ya defendió el Gobierno cuando se aprobó el proyecto en Consejo de Ministros, ha insistido en que el texto solo es una modificación "puntual" de la ley de 2015 y que únicamente -según ha explicado- quiere garantizar que los recursos estratégicos sean los adecuados y dotar al Estado de herramientas para que pueda anticiparse a las crisis y le ayude en la toma de decisiones.

Críticas al texto que plantea el Ejecutivo

La propuesta del Gobierno permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis y otorga al presidente del Ejecutivo algunas competencias que los grupos han censurado en el debate de este jueves, incluido el PP. Su diputado Juan Antonio Callejas ha dejado claro que permitir la tramitación no es un cheque en blanco, por lo que ha pedido al Gobierno que vayan de la mano para negociar artículo por artículo del proyecto.

Una ley con la que, según Callejas, "el señor Pedro Sánchez puede confiscarte tus bienes y obligarte a que realices prestaciones y servicios sin ningún tipo de compensación económica, y quedando todo al albur del señor presidente". Precisamente, por obligar a los ciudadanos a prestar algunos servicios en caso de crisis que afectan a la seguridad nacional, la oposición ha entendido que vulneraba derechos constitucionales y que, por tanto, esta iniciativa debería tramitarse como ley orgánica y no como proyecto de ley. A este "pero" se han sumado los de casi todos los grupos, incluido el de Unidas Podemos, aunque en este caso menos contundente.

Por su parte, el diputado de Vox Javier Ortega Smith, ha avisado al Gobierno de que no puede "ponerse en manos" de quienes "han demostrado la deslealtad más absoluta a los intereses del Estado".

También el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha lamentado un debate de esta altura tras el "sainete" de las últimas semanas sobre seguridad nacional y el 'caso Pegasus'. "¿Cree que alguien con mínimo sentido de Estado va a aprobar un proyecto de ley que pone en manos de los enemigos del Estado los secretos del Estado?", ha avisado.

Los que han presentado las enmiendas a la totalidad, ERC y JxCat, han coincidido en acusar al Gobierno de presentar una iniciativa que vulnera las competencias autonómicas, por más que Bolaños haya insistido en que precisamente en este asunto la norma no cambia y la cooperación de las comunidades está garantizada.

No lo ha visto así el PNV. Su diputado Mikel Legarda ha resumido su opinión de esta manera: el texto "no se amolda bien" al estado territorial ni a las policías integrales de Cataluña y Euskadi.

Menos contundente ha sido Ismael Cortés, de Unidas Podemos, aunque ha defendido que la seguridad nacional debe definirse a través de mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades, a la vez que pedido que el esquema que se diseñe tenga "debidamente en cuenta" las competencias de cada escenario.