Las residencias concertadas exigen mejorar el precio diario por plaza, que varía de 40 a 90 euros

Representantes de todas las Comunidades autónomas del país, integrantes del Circulo Empresarial de la Atención a las Personas (CEAPs), se han reunido en Zaragoza para analizar las diferentes realidades que viven los ciudadanos dependientes, en función de su lugar de residencia. El objetivo es elaborar un documento conjunto que unifique los criterios del sector residencial y que estipule las líneas rojas que no deben traspasarse, para garantizar la atención de calidad en las residencias de ancianos. Reclaman un precio justo por cada plaza concertada con la Administración, que varía de 40 a 90 euros por día, en función del territorio. 

En la reunión, que ha sido presencial, los diferentes representantes autonómicos han aprovechado para trazar un plan que siente los criterios básicos de acceso y atención a los servicios que prestan las residencias de mayores, y, a su vez, imponga una cuantía mínima con la que la Administración debe dotar, a su juicio, a las plazas concertadas para subsanar los gastos derivados del servicio.

Ante esta realidad, la presidenta del CEAPs, Cinta Pascual, ha expresado su descontento por la disparidad a la que este sector se encuentra expuesto en función a la comunidad autónoma donde presta su servicio residencial: “Hay 19 leyes y 76 indicadores de precios diferentes, lo que provoca que la financiación del Estado de cara a una plaza concertada oscila de los 40 a los 90 euros. O lo que es lo mismo, que una plaza cueste entre 1.450 y 2.900 euros”, lamenta Pascual. Como consecuencia, esto “impide garantizar que los usuarios tengan los mismos servicios y la misma calidad de la atención”, y obliga a las residencias concertadas a suplir las carencias económicas con plazas totalmente privadas.

País Vasco, Navarra, Madrid o Cataluña son las que dotan de mayor cuantía a las plazas concertadas, mientras que Aragón, Extremadura, Galicia o Andalucía estipulan los precios más bajos de ayuda. Pascual ha puntualizado que estas diferencias no se dan únicamente entre comunidades, sino también al comparar España con el resto de países. “Con una inversión del PIB del 0,58%, cuando en los países de nuestro alrededor llegan al 2%, es imposible continuar”, ha sentenciado Pascual.

En el plano local, el Gobierno aragonés asegura que ha realizado un incremento paulatino superior al 10 por ciento de los costes de servicio. La última revisión, añaden fuentes del Ejecutivo autonómico, supuso un incremento del  2,5 por ciento.