El departamento de Derechos Sociales quiere reimpulsar el Plan del Mayor tras la pandemia

La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha asegurado que el Gobierno de Aragón está analizando qué pasos dar tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de anular la exigencia del pasaporte COVID en las residencias y los hospitales. Una medida “de protección”, según ha remarcado la consejera, “sostenida en el tiempo, bien recibida por residentes y trabajadores y que no había generado ningún problema”. 

En una entrevista en el programa Buenos Días de Aragón Televisión, Broto ha apuntado que en estos momentos hay 138 centros residenciales en los que se acumulan algo más de 4.000 positivos por COVID entre residentes y trabajadores, con una sintomatología, “en general, mucho más leve”, lo que permite mantener las visitas allí donde se puede garantizar que no habrá contagios y evitar ya desde hace tiempo el confinamiento en las habitaciones. 

“Es complicado mantener un equilibrio entre la protección de las personas vulnerables y que tanto ellas como sus familias se sientan emocionalmente bien”, ha reconocido.   

Centrados en el Plan del Mayor 

En ese sentido, ha recordado que la pandemia interrumpió el trabajo avanzado en el Plan del Mayor para “centrar los cuidados en la persona” y trazar un “itinerario de vida” para cada uno de los residentes. Un objetivo para el que ahora su Departamento contará con 85 millones de euros en tres años procedentes de los fondos de transformación y resiliencia, de los que 12,5 millones serán para las residencias públicas y otros 13 millones irán destinados a las entidades para la mejora de las plazas concertadas y la “humanización” de los espacios. 

“Unidades de convivencia y espacios mucho más humanizados y personalizados” en las que las personas “puedan agruparse en función de sus deseos” y que se sientan “como en su casa”, ha destacado. 

En esa línea van los proyectos de las residencias de Valdefierro y Ateca, para los que hay previstas inversiones de 20 millones de euros en el caso de la primera y de 6,2 en el caso de la segunda. Espacios que, según ha explicado, “irradiarán servicios como los de lavandería y comedor para el resto de personas mayores de la zona”. 

Mejores datos en dependencia

También ha resaltado el papel de los hogares de la Comunidad, que acogen a 109.000 personas y ya funcionan “a pleno rendimiento” desde el pasado 3 de febrero. Allí se plantean actividades adaptadas a los deseos de los usuarios, “personas ahora mayores pero activas que, en su momento, han sido responsables de la transformación  de este país”, ha destacado Broto.

En cuanto a los datos sobre la dependencia, la consejera ha apuntado una notable mejoría pese a la incidencia de la pandemia, con más de 35.000 personas atendidas frente a las 16.000 que había cuando accedieron al Departamento. “Además, ha apuntado, hemos rebajado el limbo de las personas ya valoradas con una prestación todavía no efectiva, que ha pasado de los 14.000 a solo 2.000 personas”.