Las mutuas se pondrán a disposición del Salud para vacunar si es necesario

Las mutuas estarán a disposición del Servicio Aragonés de Salud para administrar vacunas contra la COVID-19 si es necesario, así como para realizar pruebas diagnósticas y rastreos de posibles contactos. Son los supuestos que recoge el convenio firmado este jueves por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el máximo representante de esta organización empresarial en la Comunidad, Ricardo Mur, para adherirse al 'Plan Sumamos Salud + Economía.'

Este acuerdo, que se rubrica en previsión de que comiencen a llegar más vacunas en los próximos meses, supone "otro hito más" en la colaboración del Ejecutivo aragonés con los agentes sociales y, en especial, con CEOE, que ya facilitó la llegada de equipos de protección al comienzo de la pandemia, ha subrayado Lambán tras la firma. Gracias a este acuerdo, que "capilariza" el territorio, las mutuas podrían sumar más de 600 profesionales al proceso de vacunación en Aragón, ha manifestado Garamendi, quien ha aplaudido la colaboración público-privada que representa este convenio: "No venimos a pedir, venimos a trabajar", ha apuntado el presidente de la patronal española.

Colaboración público-privada

En Aragón, 564.394 trabajadores se encuentran protegidos por las mutuas, lo que supone el 42,5 % de la población y el 99,6 % de la población ocupada, ha señalado Mur, quien ha recalcado que las 45 empresas con servicio médico propio y los 41 centros de mutuas de la comunidad se pondrán "a total disposición" del Departamento de Sanidad.

La firma de este acuerdo no significa que las mutuas vayan a comenzar inmediatamente a administrar dosis, ni que las empresas puedan inmunizar a sus trabajadores, ha aclarado Garamendi, sino que simplemente estarán "alerta" por si existe una "saturación" del sistema cuando lleguen grandes cantidades de vacunas. En todo caso, la organización de la campaña de vacunación seguirá dependiendo de Sanidad y solo se sumarán si el Departamento lo pide.

Además de Aragón, la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía ya se han sumado a la colaboración público-privada.