La UCO accede a la sede del PSOE, de la Guardia Civil y a los domicilios de Cerdán, Zarrías y Dolset

El caso Leire, que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido. Unas presiones que iban dirigidas a jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad.

A primera hora de la mañana de este miércoles saltaba la noticia de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían personado en la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Su misión era, entre otras, la de requerir diversa documentación y archivos electrónicos relativa a esos presuntos pagos irregulares a la exmilitante del partido Leire Díez por sus servicios al frente de esa supuesta trama.

De forma simultánea, la UCO también practicaba este miércoles registros en la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra), donde han estado hasta las 15:00 de la tarde. Allí, ocho agentes han abandonado el domicilio de Cerdán cargados con maletas y cajas. El exsecretario ya fue imputado hace un año por el Tribunal Supremo por su implicación en el Caso Koldo.

Agentes de la UCO también han acudido este miércoles a la vivienda del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, en Madrid, y a la del empresario Javier Pérez Dolset ,en la Comunidad de Madrid.

Después se conocía que los tres han sido imputados por el juez Pedraz en el llamado caso Leire como integrantes de esa trama por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Además, la UCO también se ha personado en la Dirección de la Guardia Civil para pedir acceso a información sobre la investigación interna que la Benemérita realizó al sospechar que un agente había aceptado dinero a cambio de información y posibles presiones a agentes que participaban en investigaciones a dirigentes socialistas. Los agentes también han tomado testimonio a varios agentes. 

Cerdán acuerda pagar a Díez 4.000 euros mensuales a cargo del partido

En el auto en el que acuerda estas imputaciones, el juez desvelaba que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Otros nuevos imputados son el abogado Ismael Oliver, quien ejerció un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, y que según el juez "sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades". De hecho, fue el procedimiento de pago ideado para sustituir al de Zarrías y por el que Leire Díez llegó a percibir 27.225 euros.

También configuran la trama el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y el capitán de la Guardia Civil que formó parte de la UCO Juan Sánchez Yepes, al que representa Teijelo en el caso Gaslow sobre un fraude de hidrocarburos, que también investiga Pedraz. Sánchez Yepes, según el auto, "también factura sus servicios al PSOE".

Los investigadores sospechan que para "articular dichos pagos" se contó "con el presumible concierto" de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que también ha sido imputada, al menos como autora de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas.

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