La modificación de la Ley de Seguridad Nacional se debate en el Congreso con otra votación incierta

El pleno del Congreso de los Diputados debate este jueves la nueva Ley de Seguridad Nacional, que permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis. En esta sesión, el pleno de la Cámara Baja tendrá que pronunciarse sobre las dos enmiendas a la totalidad de JxCAT y de ERC, así como sobre la enmienda con texto alternativo de ERC a un proyecto de ley que no contenta ni a los partidos de derecha ni a los de izquierda ya que consideran que vulnera derechos fundamentales.

De momento las enmiendas a la totalidad de los independentistas que se votan en bloque -no así la de devolución con texto alternativo- son rechazadas por el PSOE y por Unidas Podemos, pero no tienen garantizados los votos necesarios para que decaigan, ya que algunos socios de investidura como el PNV o Más País están valorando si apoyarlas. Tampoco el PP, Vox y Ciudadanos han avanzado su sentido del voto aunque estos partidos mostraron su rechazo cuando fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero al considerar que da poder absoluto al Gobierno y vulnera derechos fundamentales de la Constitución.

De hecho, tanto Vox como el antiguo líder del PP, Pablo Casado, llegaron a anunciar que recurrirían esta ley ante el Tribunal Constitucional, aunque el nuevo líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado en las últimas horas que no quiere romper el diálogo con el Ejecutivo porque el PP pretende servir al Estado. Feijóo no ha desvelado el voto pero ha dicho que será "previsible", al tiempo que Vox avisó en su momento que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional no puede servir para "imponer un régimen de terror contra los derechos individuales".

Una modificación de una Ley aprobada en 2015

El proyecto modifica la Ley de Seguridad Nacional de 2015 de forma puntual y no afecta al contenido esencial, según señaló el Ejecutivo en su momento. El texto incide en que la reforma da cumplimiento al mandato que la propia ley exigía de regulación de los recursos, además de adaptarse a la experiencia vivida por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Con la nueva regulación, el Gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos y privados con los que cuenta y se asegura que la movilización de los recursos se lleva cabo de forma "eficiente e integrada".

Además, el texto de la ley señala que la contribución de recursos se realizará en coordinación con las comunidades autónomas que, además de aportar medios humanos y materiales, intervendrán en las fases de planificación y gestión de los mismos.

Sin embargo la enmienda de devolución de ERC es tajante y pide la derogación de este proyecto de ley. Al igual que el veto de JxCAT que critica la capacidad que se arroga el Estado de modificar "unilateralmente el marco competencial".