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LABORAL

La Inspección de Trabajo controlará la precariedad, los ERTE y la igualdad

En 2022 se podrá en marcha un plan de choque contra la siniestralidad laboral mortal, y se prestará especial atención al cumplimiento de las medidas contra la COVID

ARAGÓN NOTICIAS /
La Inspección de Trabjo reforzará la vigilancia contra la precariedad y el fraude.
icono foto La Inspección de Trabjo reforzará la vigilancia contra la precariedad y el fraude.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tiene previsto realizar en Aragón casi 20.500 inspecciones en el año 2022, de las que 15.400 se llevarán a cabo en Huesca,  3.400 en Huesca y 1.600 más en Teruel. Todas estas actuaciones estarán distribuidas en 96 líneas de trabajo o campañas diferentes. Así lo ha aprobado esta semana la Comisión Operativa Autonómica, el órgano de cooperación entre la Comunidad y el Estado en esta materia, integrado por representantes de ambas Administraciones, que se encarga de fijar e impulsar los objetivos y programas de la Inspección a desarrollar en el territorio aragonés, y que está presidido por el departamento de Economía.

Según esa planificación, este próximo año las inspecciones se orientarán a detectar y actuar sobre los problemas que afectan de forma directa a los trabajadores en un contexto de recuperación, vigilando la aplicación real de las medidas de prevención de riesgos por las empresas, detectando los supuestos de impagos de salarios y las condiciones de trabajo precarias que reducen la protección social a la que tienen derecho.

También se pondrá especial hincapié en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el trabajo no declarado, mediante la aplicación de técnicas de análisis de datos, la detección de entramados jurídicos cuyo objetivo es aplicar condiciones inferiores en el trabajo y la erradicación de cualquier forma de trabajo no reconocido o de precariedad.

Prevención de riesgos, relaciones laborales, ERTE y teletrabajo

En materia de prevención de riesgos laborales, se pondrá en marcha un plan de choque contra la siniestralidad mortal, que analizará las causas de los accidentes de trabajo en la Comunidad y las empresas que tienen mayores tasas de siniestralidad. Además, se exigirá a todas las compañías  que realicen una correcta investigación de los daños que sufren los trabajadores y se realizará un especial seguimiento de las deficiencias detectadas en las visitas, para que la prevención de riesgos sea eficaz. La incorporación de cuatro subinspectores a la plantilla, permitirá reforzar este tipo de controles sobre el terreno.

Otras 4.394 inspecciones a realizar en 2022 estarán enfocadas al control de las relaciones laborales. De estas, una cuarta parte tendrán como objeto examinar los contratos temporales, formativos y a tiempo parcial, con la finalidad de detectar su uso indebido o abusivo. 

Y 659 actuaciones se centrarán en examinar las condiciones de jornada de trabajo, el registro de la misma día a día y las horas extraordinarias. Se mantiene además, el apoyo de la Inspección a la dirección general de Trabajo, en la tramitación de los ERTE ordinarios y por COVID-19, y se iniciarán las inspecciones para comprobar la aplicación de la Ley sobre trabajo a distancia y la adaptación de los planes de igualdad a las normas sobre igualdad retributiva y la obligación de negociación en las empresas. 

Lucha contra el fraude

En 2022 también se van a llevar a cabo 10.830 actuaciones relacionadas con la lucha contra el fraude en Seguridad Social y el trabajo no declarado total o parcialmente. El 50% de los controles en este ámbito se orientan a la detección del trabajo no declarado, que se priorizarán en los sectores, actividades y horarios en los que se detectan mayores índices de trabajo irregular. 

Además, se han acordado 348 inspecciones para la revisión de las exoneraciones de cuotas y la aplicación de los ERTE y 407 controles para evitar el fraude en las prestaciones de Seguridad Social; e igualmente se continuará con la detección de la cotización indebida de salarios, la correcta aplicación de los convenios colectivos, la existencia de empresas ficticias o empresas “buzón” y la lucha contra el fraude en las ayudas públicas de empleo y formación para el empleo.