En libertad el propietario de Forestalia tras declarar por irregularidades en renovables

El propietario de Forestalia, Fernando Samper, ha quedado en libertad después de declarar ante el juez en Zaragoza en el marco de la Operación Peserte, por presuntas irregularidades en la emisión de resoluciones ambientales para beneficiar, a cambio de mordidas, al grupo Forestalia en la tramitación de proyectos de energías renovables en la provincia de Teruel.

Según han confirmado a EFE fuentes de la investigación, el juez ha tomado declaración a Samper y luego lo ha dejado en libertad.

El empresario ha sido detenido en Zaragoza a primeras horas de este martes por la Unidad Operativa Medioambiental del Seprona, que ha practicado una docena de registros en Madrid (10) y dos en Zaragoza (la sede de Forestalia y el domicilio de su propietario).

Samper es uno de los seis detenidos en la Operación Perserte, uno de los cuales es Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica.

Según informa la Guardia Civil, la causa tiene su origen en la posible manipulación de declaraciones de impacto ambiental, necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. 

La investigación apunta a que estas actuaciones habrían podido beneficiar a Forestalia en la tramitación de proyectos ubicados en la provincia de Teruel. Al parecer, el ex alto cargo investigado habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica. Para mover ese dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, así como, presuntamente, la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones.

Según fuentes consultadas por EFE, la operación implicaría a una veintena de empresas de energías renovables, entre otras las del clúster del Maestrazgo (Teruel), un proyecto eólico de gran magnitud denunciado ante la Fiscalía de Aragón. Han explicado que a lo largo de las pesquisas desarrolladas en algunas de las zonas de ubicación de estos parques energéticos se han hallado aves electrocutadas y otros elementos que podrían poner en cuestión la viabilidad ambiental de las licencias obtenidas.

Según otras fuentes relacionadas con la investigación, la Guardia Civil tenía bajo sospecha a Forestalia también por una subvención de unos 17 millones de euros a Arapellet, empresa afincada en Huesca y también relacionada con la producción de energía. La concesión de licencias a proyectos de renovables en Aragón generó críticas por parte de grupos políticos e instituciones locales a la labor llevada a cabo por el Instituto Aragonés de Garantía Ambiental (Inaga) en la aprobación de declaración de impacto ambiental. 

A primera hora de la mañana, en torno a las 8:00, ha comenzado el registro en el Coso número 33 de Zaragoza, donde cuentan con cuatro plantas, y a esta misma hora ha empezado también en la sede de Madrid, así como en el domicilio de Samper. 

Registros en el centro de Forestalia en Madrid. / Aragón Noticias

Es el segundo registro en menos de dos meses en las sedes de Forestalia. El último, en el mes de diciembre, incluyó también diversos registros en las sedes en Madrid y Zaragoza, en el marco de una operación por una posible trama de adjudicaciones irregulares con contratos públicos relacionada con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Los registros del 12 de diciembre se enmarcaron en las pesquisas de la Guardia Civil sobre empresas vinculadas a Servinabar dentro de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados la exmilitante socialista, Leire Díez, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

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