La DGA deberá pagar cuatro millones de euros al Ayuntamiento por los antiguos juzgados de la plaza del Pilar

El Gobierno de Aragón deberá compensar al Ayuntamiento de Zaragoza con 4.202.155,77 euros por los terrenos del edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la causa que se sigue por la reversión del edificio,  En la sentencia hecha pública los magistrados reconocen el derecho del Ayuntamiento de Zaragoza a la reversión parcial del edificio pero ante la imposibilidad material de se pueda llevar a efecto establecen la mencionada compensación, por la segunda cesión realizada en 1986. El Gobierno de Aragón estudia recurrir la sentencia, al entender que se le obliga a pagar al Ayuntamiento el coste de la edificación del edificio anexo, sufragada en su día por el Ejecutivo autonómico.

Desde el TSJA recuerdan que los terrenos fueron cedidos por el Ayuntamiento de Zaragoza al Estado en 1956 y en 1986 por sendos acuerdos de pleno municipal. para la construcción de los Juzgados y la posterior ampliación del edificio. Años mas tarde, con el traspaso de las competencias de Justicia al Gobierno de Aragón en 2007, el Estado cedió los terrenos a la Diputación General de Aragón. Cuando el edificio dejó de ser sede de los juzgados de Zaragoza, se produjo la desafección, dado que habían dejado de destinarse al fin que justificó la cesión.

El origen del litigio se produce cuando el 12 de febrero de 2016, el Ayuntamiento de Zaragoza requiere del Gobierno de Aragón la reversión del  edificio de los antiguos juzgados. Desde Diputación General argumentaban que habían transcurrido mas de cinco años desde que en 2010 se produjera la desafección de su uso y se hiciera publica por lo que la reversión habría prescrito. Esta alegación del Gobierno de Aragón es rechazada por el tribunal, que afirma que “no consta en autos referencia cronológica exacta de este concreto hecho y la más concreta que consta es la orden de desafección que es de 12 de marzo de 2014".

Recuerdan que "como quiera que el primer requerimiento de reversión por parte del Ayuntamiento tuvo lugar en fecha de 12 de febrero de 2016, no ha transcurrido para entonces el plazo de prescripción de cuatro años de la acción que ejercita la Administración municipal demandante”. En relación con las pretensiones del Ayuntamiento, el tribunal entiende que “sería posible la reversión si no fuera imposible la separación de los terrenos cedidos con sus accesiones en relación con los edificios”. Por ello, concluyen los magistrados que no es posible la reversión material porque lo que se debería revertir es solo lo efectivamente cedido, y empleado en el fin que justificó la segunda cesión.

En este sentido aclaran que respecto de la primera cesión en 1956 ya han trascurrido mas de 30 años por lo que el Ayuntamiento no tiene ningún derecho de reversión y respecto del suelo de la segunda cesión, lo que procede es una compensación económica, al no ser posible tampoco la reversión material.

El Gobierno de Aragón valora recurrir al Supremo

Desde el Gobierno de Aragón, señalan que las sentencia les da parcialmente la razón  al no obligarle a devolver el edificio anexo y por el que el consistorio pedía 14 millones de euros.. Sin embargo, discrepan de la valoración que se hace de la indemnización sustitutoria por no devolver el terreno correspondiente a la ampliación, fijada en 4,2 millones de euros frente a los 5,1 millones que solicitaba el consistorio. 

Pese a ser una cifra inferior, señalan que esta indemnización incluye el valor de la edificación, que fue sufragada por el Gobierno de Aragón. Esto, según la DGA, daría lugar a que el Ayuntamiento cobrase el valor de un edificio que no construyó, lo que constituiría un enriquecimiento injusto, y a su vez implicaría que el Ejecutivo autonómico deba pagar dos veces por una misma obra.  Por esto último, se está valorando la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que hay un plazo de 30 días hábiles.

Por su parte, desde el Ayuntamiento, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido al presidente aragonés, Javier Lambán, llegar a un acuerdo para evitar el recurso de la sentencia ante el Supremo.