La prescripción limita el horizonte judicial de muchos de los casos

Aquellas víctimas que afrontan el trago de denunciar los abusos sexuales que sufrieron a manos de algunos religiosos de la Iglesia católica encaran una serie de problemas como los plazos de prescripción, el recuerdo de unos hechos traumáticos que dejaron huella y el hándicap de producirse estos en un ámbito privado de confianza y convicciones religiosas. 

Así lo ha puesto de manifiesto este martes en el programa Buenos Días de Aragón Televisión la abogada Mercedes Octavio de Toledo, quien ha apuntado la necesidad de abordar el problema jurídico que supone que la mayoría de estos delitos de abusos sexuales hayan prescrito ya en la mayoría de los casos tras el transcurso de cinco o diez años.

Y ello, pese a que el periodo para presentar una denuncia comienza a contar ahora a partir de que la víctima cumple 35 años y no desde los 18 años como ocurría antes.

 “Denunciar, todos podemos hacerlo, y procedimiento podrá haber, pero la prescripción incluso es apreciable de oficio”, ha advertido. Una dificultad añadida a un relato duro que, según apunta, no solo se basa en el relato de la víctima. 

“Tenemos que pensar que un delito de estas características deja una huella vital inevitable en las víctimas, algunas de las cuales incluso tienen intentos autolíticos (de suicidio)”, explica Octavio de Toledo.  

Una marca indeleble que las víctimas manifiestan, según ha comentado la abogada, en problemas educativos, de relaciones familiares y el desarrollo de discapacidades. “El daño siempre deja huella en la historia vital de una persona y con las pericias adecuadas se puede llegar a confirmar una historia que está probada jurídicamente.    

Frente al carácter difuso que podrían tener algunos testimonios de hechos ocurridos hace más de dos décadas, la abogada ha apuntado criterios a valorar como la veracidad, la verosimilitud y su persistencia en el tiempo. 

Lo que sí puede afectar es la dificultad de exponer un relato “sobre una cuestión tan personal en la que los hechos se produjeron en un ámbito privado de cercanía y  confianza, ya que son personas que se acercan a la Iglesia porque tienen convicciones religiosas”, explica.  

En el horizonte, la posible condena, que puede ir de uno a tres años de prisión o multa de 18 a 24 meses, según recoge el tipo del abuso sexual, o penas mayores que pueden ir incluso hasta los 10 y 12 años en los casos en los que concurran componentes de intimidación y violencia, sin atender a circunstancias agravantes como el delito continuado que haya varias víctimas de un mismo agresor.