La Audiencia de Zaragoza selecciona a 2.000 candidatos para ser miembros de un jurado popular en 2023 y 2024

La Audiencia Provincial de Zaragoza celebra este jueves la elección de candidatos a Tribunal de Jurado para el bienio 2023-2024. Se hace a través de un sorteo en el que participan todas aquellas personas mayores de edad empadronadas en la provincia de Zaragoza. Los jurados populares en Aragón han emitido casi 180 veredictos desde que en 1995 entró en vigor la ley que los regula. Dos expertos explican cuáles son los requisitos para poder recibir una notificación con la designación y también cuáles son las posibilidades de excusarse. 

"En total saldrán seleccionadas unas 2.000 personas, que en los próximos días recibirán una notificación anunciándoles su designación", explica Eduardo Cativiela, letrado de la sección primera de la Audiencia de Zaragoza. "No todos los designados serán miembros del jurado, sino que formarán parte de una lista definitiva como posibles candidatos y participarán en un nuevo sorteo cuando haya que convocar un jurado popular", añade Cativiela. 

De esta manera, cuando se requiera la participación de la ciudadanía en un juicio se procederá a la elección de los posibles candidatos de esa lista, y saldrán elegidos 36. Tras comprobar que cada uno cumple los requisitos, deberán quedar un mínimo de 20 candidatos. "Las partes podrán recusar a cuatro de ellos cada una, en total ocho, y al final tendrán que quedar nueve titulares y dos suplentes", indica Cativiela. 

Posibilidad de excusarse

Las personas que resulten designadas tendrán la posibilidad de excusarse ante el Juez Decano mediante un escrito, quien valorará cada caso y adoptará la decisión que estime oportuna. "Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden quedar excluidas, al igual que los mayores de 65 años, quien tenga una cita médica importante, o esté a punto de dar a luz, o quien tenga alguna relación de amistad o parentesco con alguna de las personas que forman parte del juicio, ya sea el juez, el fiscal o el letrado", subraya el letrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Cada año se celebran en Zaragoza en torno a "cuatro o cinco" juicios con jurado popular, que se utilizan para causas de delitos como homicidio, amenazas o allanamiento de morada, entre otros. Entre los más mediáticos en 2022 figuran el juicio a los dos integrantes de la denominada 'Banda del Badoo', que fueron declarados culpables de asesinato, o el del crimen de Katia, ocurrido en 2020 en el barrio de Las Fuentes, cuyo autor fue declarado culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento.

Miembros de un jurado en un juicio en la Audiencia de Zaragoza

Enfrentarse a un juicio con jurado

Aunque no son muchos los juicios con jurado popular que se celebran en Zaragoza, el abogado Francisco Javier García Berenguer ha participado en alguno de ellos, uno de los últimos en el llamado crimen de los tirantes, por el que fue condenado por asesinato Rodrigo Lanza. Admite que este tipo de juicios tienen sus peculiaridades: "Hay que explicar a un tribunal que es lego en derecho que se trata de un determinado delito y que lo entienda, hay que planteárselo a través de preguntas y que sepan resolverlas, lo que genera una dificultad adicional". Y añade: "Estos juicios tienen sus propias características particulares que hay que respetar y entender. Pero eso sí, hay que dejar de lado muchas veces las cuestiones técnicas y tratar de transmitir y explicar adónde quieres llegar ante alguien que no sabe de derecho". 

A la hora de ejercer la opción de recusar a cuatro de los jurados designados, Berenguer reconoce que hay una serie de factores que influyen en la decisión: "Se les hace rellenar un formulario y también se les puede hacer unas preguntas sobre dónde trabajan, qué edad tienen, y te haces una idea de cómo son". Y confiesa que en alguna ocasión ha entrado "en alguna red social de los candidatos para conocer un poco más de ellos". 

Este abogado concluye que el Tribunal del Jurado "no es algo bueno o malo", es un mecanismo por el que se permite a la ciudadanía participar en determinados juicios según el tipo de delitos, y que hay que respetarlo y adaptarse a dicha circunstancia.