Las mujeres víctimas de violencia de género podrán seguir denunciando en sus localidades

El Ministerio de Justicia ha decidido no agrupar los partidos judiciales de Zaragoza, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Tarazona en materia de violencia sobre la mujer, ante la falta de consenso. Esto se debe a que, pese a la posición favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de Aragón ha informado negativamente sobre la agrupación, según indican desde el Ministerio de Justicia. De esta forma no será necesario que las víctimas tengan que desplazarse a Zaragoza, principal queja del Gobierno de Aragón y los ayuntamientos implicados, que temían que ello pudiera llevar a muchas de ellas a no denunciar.

La consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón ha considerado que, si bien las víctimas podrían beneficiarse de una respuesta más especializada, las distancias entre esos partidos judiciales de la provincia de Zaragoza podrían suponer un obstáculo para su acceso a la Justicia.

Por su parte, el CGPJ propuso e informó de forma favorable sobre esta agrupación, aunque se condicionaba a la creación de un juzgado de Violencia sobre la Mujer en Zaragoza. El juzgado número 3 en esta materia ya se encuentra en funcionamiento desde el 1 de abril del presente año.

Desde el Ministerio de Justicia indican que "el objetivo de extender la jurisdicción de los juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales se basa en la posibilidad de equilibrar los beneficios de la respuesta especializada al tratamiento de este tipo de procedimientos en juzgados exclusivos con el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado para la víctima". El Ministerio de Justicia se ha mostrado "favorable", desde septiembre de 2018, a la determinación de este tipo de agrupaciones, si bien buscando mantener el equilibrio mencionado, con una proximidad razonable.

Estas agrupaciones sirven, señalan, para "combatir el exceso de carga de trabajo de los juzgados de instrucción o de primera instancia e instrucción que compatibilizan la atención en materia de violencia de género con la del resto de la jurisdicción penal". Además, de ser una exigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de septiembre de 2017, así como un mandato legal recogido en la Ley Orgánica del Poder, tras la reforma de 2015.

El Gobierno de Aragón celebra la decisión del ministerio

Desde el Gobierno de Aragón han mostrado su satisfacción por el hecho de que el Ministerio de Justicia haya aceptado sus demandas. Recuerdan que esta decisión hubiese obligado a las víctimas y a sus familiares a desplazarse hasta Zaragoza capital para la instrucción de los procedimientos.

El Ejecutivo autónomo celebra que el ministerio, en línea con las tesis del Gobierno de Aragón, de los municipios afectados y de los especialistas en la materia, haya optado por rechazar esta alternativa, que iba, aseguran, "en contra del acceso a los servicios públicos en las zonas menos pobladas, en una cuestión además especialmente sensible, y en contra también de los convenios de 'VioGen', con los que se pretende buscar los recursos en el territorio para facilitar que estas mujeres tengan facilidades para denunciar, y no al revés".