Gobierno, sindicatos y empresarios hacen frente común por una nueva financiación autonómica

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reclamado este viernes que la reforma del modelo de financiación autonómica aborde como "un problema de Estado" los servicios sanitarios, educativos y sociales, tal y como el Gobierno central ha hecho con las pensiones. 

Durante la comparecencia previa a la firma de la declaración institucional entre el Gobierno de Aragón y los agentes sociales para defender una postura conjunta ante Madrid, el presidente de Aragón ha defendido la urgencia de que la financiación atienda convenientemente los pilares del bienestar dependientes de las comunidades autónomas.

"Si  queremos tener un Estado del bienestar acorde con los estándares europeos, debemos situar en el mismo plano de prioridades la sanidad, la educación y los servicios sociales al de las pensiones", ha remarcado.  Un planteamiento que, ha reconocido, "cuesta mucho dinero, pero me atrevo a decir que menos que las pensiones". 

En ese sentido, Lambán ha señalado la "insuficiencia clamorosa" de recursos que sufren todas las comunidades autónomas. "Si hace unos años las comunidades tenían dinero para sostener los servicios públicos, invertir en carreteras o invertir en el impulso del desarrollo económico, hemos llegado a una situación en la que no nos llega el dinero ni para mantener los servicios públicos y los capítulos dedicados a la inversión o el fomento de la economía y sociedad han ido quedando reducidos a su máxima expresión, por lo que resulta imposible que acometamos la segunda etapa del desarrollo autonómico", ha denunciado.

Una cuestión que figura entre las  "carencias" que a su juicio presenta todavía el documento de trabajo, además de la lealtad institucional  y la corresponsabilidad fiscal. Una circunstancia que ha considerado "deliberada" por parte de Hacienda para primero sentar las bases y "componer poco a poco el acuerdo por la vía del consenso. 

En cualquier caso, a tenor del documento remitido por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de diciembre a las comunidades autónomas,  Lambán ha considerado que "la estrategia seguida por Aragón en los últimos años era la correcta y adecuada".

Así, el presidente aragonés ha asegurado que el documento del ministerio recoge que el cálculo de la financiación no se haga sobre la población per cápita, sino por la población ajustada como "criterio prevalente", que sí atiende al coste real de los servicios en cada territorio por la dispersIón, el envejecimiento y la orografía de cada territorio como defiende la Comunidad.  

Y, por otro, ha señalado, que ese objetivo sea compartido por otras comunidades autónomas que coinciden en esa situación de la España interior hasta el punto, ha remarcado, de constituir "un foro muy potente y poderoso" que no persigue "conseguir privilegios", sino la igualdad de todos los españoles, como establece el artículo 2 de la Constitución.

Por su parte, a pregunta de los medios, el presidente de la CEOE Aragón, Ricardo Mur, no ha querido entrar en cuántos días debe durar una baja por COVID, cuestión para la que se ha remitido al criterio médico, pero sí ha señalado que ante una ola distinta a las otras conviene adoptar actuaciones distintas.

“Entiendo que la autoridad velará por que dure lo menos posible por el daño que está haciendo a la competitividad de las empresas y a la propia organización productividad, tanto de las pequeñas, que muchos días no pueden ni abrir, como de las grandes, que presentan índices de absentismo muy altos”, ha considerado. 

El resto de agentes sociales también cierran filas en torno a las reivindicaciones aragonesas. "Las competencias que tiene el Gobierno de Aragón no pueden desarrollarse de manera plena si no se tiene autonomía financiera", ha asegurado Manuel Pina, secretario general de CC.OO en Aragón. En la misma línea, su homólogo en UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha recordado que para poder mantener la calidad de los servicios básicos de la Comunidad "ha habido que hacer un trasvase de recursos desde las políticas económicas y sectoriales al mantenimiento de los servicios públicos".

Por su parte, Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón, ha apostado por una financiación autonómica "justa" que contribuya a "fortalecer el tejido empresarial".