Gobierno, empresarios y sindicatos abren con gran distanciamiento el debate sobre la reducción de la jornada laboral

Quizá las relaciones entre los agentes sociales y el Gobierno no pasan por el mejor momento pero el Ministerio de Trabajo, empresas y sindicatos abren este jueves la negociación y el debate sobre la reducción de la jornada laboral en España. La “intervención y obligación”, según la patronal, que impone la vicepresidenta Yolanda Díaz no ha sentado bien a los empresarios mientras que los sindicatos quieren que la ley recoja una de las principales demandas de los trabajadores en lo que tiene que ver con la extensión de la jornada laboral.

En España ha habido varias reducciones de jornadas, desde las 48 horas, luego 44 y finalmente 40 horas que marca la ley desde el año 1983. Cuatro décadas que para los representantes de los trabajadores son “demasiadas” sin lograr avances. Aunque sí es cierto que la mayoría de los convenios laborales están por debajo de esas 40 horas.

Pero, ¿es ahora el momento? “Yo creo que sí”, asegura el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, José Manuel Lasierra. Una afirmación que argumenta debido a que "la economía española está fuerte, con una fuerte demanda exterior y una escasez de mano de obra en muchos sectores productivos”. Por eso, asegura que puede ser "oportuno" en un medio-largo plazo afrontar un "cambio del sistema productivo”.

Reducir la jornada laboral supone más salario para los trabajadores, porque van a trabajar menos horas con el mismo sueldo. Y también más coste para las empresas, porque con menos tiempo laboral, la hora de trabajo sale más cara. En este contexto, Lasierra explica que debe buscarse "un equilibrio entre beneficios y salarios” dentro de ese cambio productivo. “Es cierto que habrá un incremento de costes para las empresas, pero no será un gran coste”, asegura.

Los sindicatos creen que hay margen

Desde Comisiones Obreras en Aragón proponen buscar un "equilibrio ideal" entre la patronal y los sindicatos con la intervención del gobierno central para reducir la jornada laboral. Así lo asegura el secretario de Acción Sindical, Pablo Castillo: “Ahora es el momento oportuno para abrir este debate que lleva desde el año 83 sin abordarse”. Castillo va más allá y habla de aprovechar ese debate para “abordar también el tiempo de trabajo y su regulación en las empresas”. “El control del trabajo y la intensidad se han modificado en los últimos años y parece lógico abordar también la extensión de la jornada laboral. La reducción de la jornada debe ir más allá y se debe hablar de los tiempos de trabajo, de la desconexión o de la disponibilidad de los trabajadores en las empresas”, añade. Apunta a que las empresas deben avanzar en la “cultura del presencialismo”, igual que lo han hecho con otros factores como la conciliación familiar.

Sobre una posible caída de la productividad, señala que se mide por hora trabajada, "con lo que caería la producción y no la productividad”. “Además, los grandes convenios sectoriales en nuestra Comunidad están ya por debajo de las 40 horas y no parece que hacerlo en el resto sea muy complejo. Hay margen para hacerlo y colocar en la ley lo que ya es normal en la mayoría de los centros de trabajo donde hay acuerdos entre las empresas y los trabajadores”.

CEOE Aragón advierte de una pérdida del PIB aragonés

Para CEOE, esa reducción de horas semanales en la jornada laboral va a afectar directamente a la productividad de las empresas, con una pérdida, aseguran, de 1.237 millones de euros en el Producto Interior Bruto de Aragón. “Se trata de un desconocimiento absoluto de las relaciones laborales por parte de la ministra. El cómputo de horas es anual y los convenios se pactan entre las empresas y trabajadores. Poner tabla rasa para todos es un desconocimiento supino”, explica Jesús Arnau, director general de la CEOE en Aragón. Para los empresarios, esta medida supone también una “falta de respeto al diálogo social". "En Aragón, somos un ejemplo y España debería serlo también. Aquí, las empresas y trabajadores negociamos y llegamos a acuerdos pero el gobierno central está tomando decisiones dictatoriales en contra de las empresas”, asevera.

CEOE señala que, desde hace cinco años, se ha reducido un 4 % la productividad de las empresas aragonesas y eso “tiene un coste en la competitividad de las empresas tremendo”, dice Arnau. "Estamos viendo como las empresas ya no invierten, y están pagando para reducir su deuda. Muchas de ellas no van a poder asumir una nueva medida que va contra todas las empresas. Estas medidas dictatoriales se notan a medio largo plazo, y ahí es cuando veremos cómo ha habido un goteo de pymes y autónomos que han tenido que cerrar. Son pequeñas piedras en las mochilas de las empresas que, además, inciden directamente en el medio rural donde no hay un relevo generacional ni se traspasan negocios", advierte.

José Manuel Lasierra entiende los argumentos tanto de la patronal como de las organizaciones sindicales, y considera que habrá salarios más altos "pero también aumentarán los precios de los servicios con empresas más competitivas”. Eso obligará, posiblemente, al cierre de algunas pymes que no puedan soportar ese cambio, apunta. Sin embargo, nos equipara a las jornadas laborales de otros países de la Unión Europea y también obligará a acostumbrarnos a pagar más por los mismos servicios que tenemos en la actualidad.