Ley de Eutanasia: "Ahora sé que no tendré que suicidarme"

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) entré en vigor en España el pasado 25 de junio y sigue la estela de otros países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, para ayudar a que quienes padezcan una enfermedad grave, crónica e incurable pongan fin a su vida con acompañamiento médico, en un proceso definido por sus impulsores como “garantista” y que se resuelve en menos de dos meses. En Aragón se estima que un centenar de personas puedan recurrir a la eutanasia cada año, según la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

La regulación del derecho a decidir sobre la propia muerte, que contempla tanto la administración directa al paciente de la sustancia letal por parte del profesional sanitario competente, como la prescripción de esta para su autoadministración por el propio interesado, ha sido acogida con alivio en pacientes que llevan muchos años sufriendo: “Por más que pedía morirme antes de que volviera a empezar el siguiente dolor, no era posible. Ahora no voy a tener que suicidarme, voy a morir con todas las garantías de que no quiero esta situación más”, asegura Teresa Viñuales, de 69 años, quien desde los 34 padece una artritis reumatoide seropositiva, “un proceso degenerativo en el que tu propio sistema te destroza, sin más, lentamente y con mucho dolor”, según explica en el programa Objetivo de Aragón TV.

Un recuerdo para quienes lo afrontaron en soledad 

Los familiares de aquellos que, a pesar de todo, decidieron acabar con sus vidas de una forma "digna" antes de la entrada en vigor de una Ley que lo amparara, tienen ahora sensaciones encontradas. “Mi tía era consciente de su deterioro cognitivo. Conocía la evolución de la enfermedad porque la había visto en familiares muy cercanos y tenía muy, muy claro dónde no quería llegar”, rememora María Peña. En su recuerdo, guarda la firme voluntad de su familiar de no continuar adelante en esas circunstancias: “No quería que la tuvieran que atender, ni quería llegar a no poder decidir según qué aspectos de su vida, una vida que no contemplaba que no fuera digna”. 

Peña lamenta cómo su familiar tuvo que vivir sus últimos días en “la soledad” a que le obligó la por entonces indispensable “clandestinidad”. “Si hubiera estado esta ley, no habría habido una investigación penal posterior y habría podido compartirlo con la familia y los amigos. Simplemente, decidió que esta vida ya no merecía la pena”, defiende.  

Cuando la vida "ya no es digna" 

Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Aragón, su presidente, José Luis Trasobares, defiende que el Estado preste esta asistencia. “Quien está en la cama, intubado, rodeado de cables, que ves que está sufriendo... Esa persona ya ha acabado su vida, no es verdad que eso sea vida porque, ¿qué vida es esa?”, defiende. Una postura que refuerza su vicepresidenta, Consuelo Miqueo, para quien la nueva ley ampara “a quienes la vida se les hace insoportable”. Un efecto que atribuye al progreso médico, ya que, según advierte, “la medicina ha conseguido que el final de la vida pueda ser muy largo”.

Su asociación a nivel nacional, presidida por Fernanda del Castillo, descarta que esta posibilidad de acabar de forma legal y asistida con la propia vida vaya a recibir un aluvión de solicitudes. Más bien, atendiendo a la respuesta que tuvo en otros países donde también se ha regulado, calcula que puede acogerse el 1% de la población, lo que supondría unas 4.000 solicitudes, entre 100 y 120 en Aragón, según estima la delegación regional. Desde DMD consideran que la mayoría de los casos corresponderá a enfermos terminales de cáncer, pacientes afectados por ELA, Alzhéimer, y aquellos que sufran algún tipo de demencia.  

El procedimiento 

Para acogerse a este nuevo derecho, la ley establece que el afectado, mayor de edad y de nacionalidad española (o residente legal o, en su caso, que esté en posesión de un certificado de empadronamiento que acredite más de 12 meses de permanencia en el país), “debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause un “sufrimiento intolerable”. 

El primer paso que debe dar es presentar por escrito su solicitud al médico responsable de su tratamiento. “El que le esté tratando, el de familia, el oncólogo, el neumólogo... el que le inspire confianza", recomienda la médico de familia Rosa Magallón. Si el paciente no se mantiene en el pleno uso de sus facultades, pero ha dejado constancia en su testamento vital o documento de voluntades anticipadas, la norma establece que otra persona mayor de edad podrá hacerlo en su nombre.  

Entonces, “el paciente tiene que hacer una segunda solicitud a los 15 días para evitar que sea una decisión tomada en caliente, por una circunstancia aguda, y tienen que pasar 15 días y ahí se vuelve a hacer una segunda deliberación para despejar dudas", explica la médico e integrante del Comité de Bioética de Aragón, Concha Revilla, recientemente nombrada presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir, órgano autonómico necesario para la puesta en marcha de la ley que estará formado por tres médicos, tres juristas y una enfermera. 

En el caso de que el solicitante insista en seguir adelante, un segundo médico elaborará un informe para esa Comisión de Garantías, que será la que decida dar la autorización para la administración de la eutanasia. En caso de informe desfavorable del médico consultor, el paciente podrá recurrir a la propia Comisión e incluso a la vía contencioso-administrativa.

Dudas y propuestas de mejora  

La normativa entra en funcionamiento con la lógica incertidumbre por su aplicación. Más si cabe, en este caso, por la falta de experiencia a la hora de abordar una cuestión tan delicada. Es previsible que el procedimiento pueda sufrir modificaciones conforme se vayan dando casos. “Todos somos nuevos en esto. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar, si tendremos mucho o poco trabajo. Seguro que se podrá mejorar y es lo que iremos haciendo”, advierte Concha Revilla. 

En ese sentido, el Ministerio de Sanidad y los consejeros de las diferentes comunidades autónomas acordaron el pasado 7 de julio, en el Consejo Interterritorial, el manual de buenas prácticas con las recomendaciones sobre los medicamentos a administrar y los procedimientos a ejecutar. 

Entre tanto, la asociación DMD Aragón reclama la ampliación del derecho a aquellos solicitantes menores de 18 años y, también, a los afectados por problemas de salud mental, “los que más difícil lo tendrán por su estigmatización al suponerlos la sociedad como incapaces”, recalcan. Además, piden al Gobierno de Aragón que refuerce la asistencia pública para evitar que este proceso se externalice, que fomente la eutanasia en el propio domicilio del solicitante, y que esta práctica también pueda llegar a las residencias.  

En cualquier caso, la LORE, que en el Congreso de los Diputados salió adelante con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, afronta ahora una nueva fase en la que puede encontrar reticencias en varias comunidades autónomas con mayorías diferentes a las del Parlamento nacional. 

Algunas objeciones 

Quienes se oponen a la nueva ley, al margen de los que se mueven principalmente por sus creencias religiosas, aducen la falta de diálogo con el sector sanitario, el error que a su juicio supone no contar primero con una ley de cuidados paliativos (como sí tienen en otros países que también regulan la eutanasia) y que la normativa confunda o no distinga entre los conceptos de dolor y sufrimiento. 

La Organización Médica Colegial asegura que estará “vigilante” ante la regulación de la objeción de conciencia, todavía pendiente, a cargo de las comunidades autónomas porque, según defienden, la eutanasia “no es un acto médico”. No opina lo mismo la médico de familia Rosa Magallón: “Puede resultar muy duro, pero también es nuestra misión como profesionales porque, dentro del juramento hipocrático, está también el facilitar, el acompañar a morir al paciente en un momento en el que este no tiene una vida digna y no quiere vivir más”.   

Por su parte, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, considera que “se ha perdido una gran oportunidad” de haber regulado el proceso del final de la vida con todas aquellas medidas de cuidados paliativos y alerta de que las garantías de la ley son “huecas” por expresarse en términos “muy ambiguos y genéricos”. “El gran problema que nos planteamos es si resulta que la eutanasia es ahora la gran protagonista en el final de la vida y ya no lo son los cuidados paliativos”, se pregunta.