MEMORIA DEMOCRÁTICA

Verdad, justicia, reparación y no repetición, ejes del proyecto de ley de Memoria Democrática

Los afectados consideran importante que las nuevas generaciones conozcan lo que España ha sufrido

ANA MANCHO /
Basílica del Valle de los Caídos.
icono foto Basílica del Valle de los Caídos.

Hoy se llama Esperanza Martínez García, pero tuvo muchos nombres para poder salvar su vida. Tiene 94 años y estuvo 15 en la cárcel por defender las ideas de la República. Hoy asevera que "ya es hora de que se dé a conocer a las futuras generaciones lo que España ha sufrido y las víctimas que ha perdido".

Martínez destaca la relevancia de este proyecto legal, aunque lamenta que llegue tarde. "Es importante que se conozcan los crímenes y se haga memoria y se recupere a la gente que está en los campos. La pena es que hay mucha gente que no se va a enterar, que ya se ha ido", asegura.

Esperanza Martínez, excombatiente republicana durante dos años en la guerrilla de Aragón, pasó tres lustros en la cárcel.

Su historia, como la de las personas que sufrieron persecución durante la dictadura, será reconocida en el proyecto de ley de Memoria Democrática que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros. A falta de conocer el texto definitivo, el anteproyecto establece medidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, porque, señala, "es un deber moral indispensable para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia".

La verdad

El primer capítulo es el derecho de las víctimas a saber la verdad. Para ello, establece que el Estado tendrá que liderar la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. También se crea el Banco Nacional de ADN para ayudar a las personas a saber el paradero de sus familiares.

Muy ligado a esto, el nuevo texto facilitará el acceso a los archivos para la investigación de lo sucedido entre 1936 y 1978, promoverá la creación de un censo de fondos documentales para la memoria democrática y establecerá el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca como Lugar de Memoria.

La Justicia

La nueva ley garantizará el derecho a la justicia. Para ello, se crea la Fiscalía de Sala, que impulsará "investigaciones públicas que esclarezcan las violaciones de derechos humanos producidas durante la Guerra Civil y la dictadura". 

La reparación

Se establece la necesidad de realizar auditorías de los bienes expoliados durante la contienda y la dictadura y el reconocimiento a los afectados. También, se reconoce el esfuerzo de las personas que realizaron trabajos forzados y el sufrimiento de las que tuvieron que marcharse al extranjero. Para ello, establece que los nacidos de padres o madres, abuelas o abuelos exiliados puedan obtener la nacionalidad española.

Las garantías de no repetición

Un dicho popular señala que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y, en este sentido, la ley prevé que lo sucedido se estudie en las aulas. Para ello, según el artículo 45, se actualizarán los contenidos educativos en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional para que se incluya "el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas". 

El anteproyecto señala que los símbolos públicos deben promover "el encuentro de los ciudadanos en paz y democracia" y nunca deben suponer "una expresión ofensiva o de agravio". Declara incompatible con la democracia española "la exaltación del alzamiento militar, la guerra o el régimen dictatorial" y establece "la revocación" de cualquier distinción, título u honor concedidos, que supongan la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura". Además, el Valle de los Caídos será "un lugar de memoria democrática", que dará a conocer "las circunstancias de su construcción" y el período histórico en el que se inserta". También se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. Y se extingue la actual orden, que da a los benedictinos la custodia del monumento.

Multas de hasta 150.000 euros

Por primera vez, se establecen multas de hasta 150.000 euros por infracciones muy graves como la destrucción de fosas, los actos de exaltación del franquismo o el traslado de restos de víctimas de la Guerra Civil sin autorización. Tras la aprobación en el Consejo de Ministros este martes, la futura ley podrá comenzar su tramitación parlamentaria.