La relación bilateral con el Estado, punto por desarrollar del Estatuto

La identidad aragonesa se asienta en valores como su historia, su futuro, su territorio o su Derecho Civil. Y, de algún modo, todo ello se recoge en un texto, que se presenta como la norma básica de la Comunidad y que responde al nombre de Estatuto de Autonomía de Aragón. Esta semana y con motivo del Día de la Comunidad, el presidente Javier Lambán ha presumido de su vigencia, como instrumento eficaz para la lucha contra la pandemia desde Aragón.

La actual versión data de 2007, aunque la primera aprobación tuvo lugar en 1982. Posteriormente, el Estatuto fue reformado en 1994 y en 1996, además de la última. Regula la capacidad de autogobierno de la Comunidad y su entrada en vigor supuso la culminación de las aspiraciones autonomistas de la mayor parte del arco parlamentario aragonés.

Entre otras cuestiones, ordena las manifestaciones propias del Derecho Civil aragonés, fija una reserva hídrica de 6.550 hm3 para uso exclusivo de los aragoneses, protege las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, establece la posibilidad de legislar a través de decretos leyes, concede protagonismo a las comarcas como forma de organización territorial u obliga al Estado a no tomar decisiones que afecten a Aragón sin previa consulta sin conocer antes cuál es la posición aragonesa.

Además, a través de su Estatuto, la Comunidad define sus competencias en relación con el Estado y asume otras nuevas, como las consultas populares, la policía autonómica, la inmigración, aeropuertos o prisiones. Del mismo modo, el texto fomenta las relaciones bilaterales con el Estado, creándose para ello una Comisión Bilateral de Cooperación como principal instrumento de negociación política entre el Gobierno central y el autonómico.

Y aquí es donde, a decir de algunos de los reconocidos juristas e historiadores con los que ha hablado Aragón Noticias, encalla en parte el Estatuto. “Aquellos mecanismos bilaterales que recoge el texto no han funcionado”, lamenta Vega Estella, letrada mayor de las Cortes de Aragón entre 2003 y 2009. “Nos sentíamos muy orgullosos –dice- cuando se aprobó, pero estamos ante un déficit”. Respecto al modo de avanzar en esta área, asegura Estella que se trata de “un problema de voluntad política, aunque desde Aragón siempre la ha habido”. Al fin y al cabo, “aquí somos bastante razonables y prudentes”, concluye.

"Las competencias importantes son anteriores a 2007. Aún hay tarea por hacer"

En la misma línea se pronuncia Antonio Embid, primer presidente de las Cortes en democracia y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. “El Estatuto dice lo que dice”, argumenta, “pero las cuestiones importantes desde un punto de vista competencial, como la Educación y la Sanidad, son anteriores” a la reforma de 2007. "Desde luego -sentencia- es un Estatuto que, si tiene que desarrollarse, esa es una tarea que está aún por hacer".

En todo caso, prevalece entre los aragonesólogos consultados por Aragón Noticias una visión positiva de la vigencia y utilidad del texto. Carlos Forcadell, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y director de la Institución Fernando el Católico, afirma que “el Estatuto de Autonomía ha sido y es un instrumento útil para la defensa de los intereses comunes del territorio y para acercar la administración a los ciudadanos”. Respecto al futuro del conjunto normativo, asegura que “puede evolucionar, pero siempre dentro de un marco superior nacional y europeo”.

También avala el texto Guillermo Fatás, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza. “Yo soy muy partidario de nuestro Estatuto”, dice, al que encuadra “con los de otras comunidades autónomas del régimen común”. “Pero no está solo” –recuerda-, “pues hay otras leyes con las que ha de convivir”. Se muestra crítico, eso sí, con algunas normas emanadas del texto, como la Ley de Actualización de los Derechos Históricos –una “mamarrachada”, para Fatás-, algunos de cuyos preceptos fueron “debidamente enmendados”, según el también exdirector de Heraldo, por el Tribunal Constitucional.

Mientras, para Alberto Sabio, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, el reto está servido: “Participamos de la necesidad de vigilar un trato equitativo entre comunidades autónomas”. Añade, por otra parte, que “lo de ser nacionalidad histórica o no es una terminología superada, que no puede estar marcada por el golpe de Estado de julio del 36, que impidió la proclamación de aquel estatuto aragonés [el Estatuto de Caspe, que no pasó de anteproyecto por el estallido de la Guerra Civil]”.

“Decía El Roto –reflexiona Sabio- que teníamos una de las mejores sanidades del mundo, hasta que nos pusimos enfermos. Hemos de aprovechar los girones que nos deja la pandemia para reflexionar sobre nuestras debilidades como sociedad e intentar superarlas”. “Y, de paso, pensar, por ejemplo, en cómo fortalecer los servicios públicos”, completa.

Son diferentes visiones de una versión del Estatuto que cumple ahora 14 años y que piensa ya en una nueva reformulación, siquiera para eliminar los aforamientos o para garantizar que la provincia de Teruel mantiene sus actuales 14 diputados en las Cortes, pese a la pérdida de población.