El Constitucional admite el recurso del Estado contra el decreto aragonés para un modelo propio

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno de España contra el decreto aragonés aprobado en marzo de 2023 por el Ejecutivo del socialista Javier Lambán de impulso del consumo energético de cercanía.

El decreto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 20 de marzo del año pasado y ratificado en las Cortes el día 30 del mismo mes, en el último pleno de la pasada legislatura, con los votos a favor del cuatripartito que gobernaba entonces la comunidad (PSOE, Podemos, CHA y el PAR), la abstención del PP, Ciudadanos e Izquierda Unida y el voto en contra de Vox.

El Gobierno de España presentó a finales de diciembre un recurso en el Tribunal Constitucional contra varios preceptos del decreto ley por entender que invadían competencias del Estado, además de por adolecer de falta de presupuesto habilitante para ser aprobada la norma mediante un decreto-ley, apuntan desde el TC en una nota de prensa.

El Gobierno de España invocó en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, que le otorga capacidad para impugnar ante el TC resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas.

El Constitucional suspende la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, una veintena en total, entre ellos el artículo 4, en el que se define el consumo energético de cercanía dentro del territorio aragonés y se determina que estos podrán declararse como prioritarios.

Otros de los apartados que se suspenden son los que establecen que las líneas directas de electricidad y su autorización se regirán por el decreto ley impugnado.

Y los que tienen que ver con instalaciones de autoconsumo dentro de la Comunidad, con las mancomunidades de energía, con las redes de distribución cerradas, con la gestión de excedentes, con la autorización de infraestructuras complementarias o con la gestión de la demanda eléctrica.