El Supremo tumba Madrid Central y arroja dudas sobre 1,4 millones de multas

El Tribunal Supremo ha ratificado este martes la anulación de Madrid Central, la zona de bajas emisiones que incluye el centro de la ciudad de Madrid, llenando de dudas el futuro jurídico de las casi 1,4 millones de sanciones interpuestas desde su puesta en marcha. El Ayuntamiento de la ciudad entiende que por ahora la zona de bajas emisiones sigue en vigor, y que, por tanto, no tendrá que devolver el importe de las multas.

Sin embargo, el último pronunciamiento del TS tumba por vía judicial el proyecto impulsado por la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por "defectos formales" dado que, estima el tribunal, "no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza". 

El Ayuntamiento estudia la forma de mantener Madrid Central

Por su parte, desde el Ayuntamiento, según fuentes municipales, se interpreta que las multas ya cobradas o en su defecto comunicadas al sancionado -un total de 1.393.000- son "actos firmes", y que por tanto no deben reintegrarse. Y sostiene, por otro lado, que, una vez reciba el auto, puede tener un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia, por lo que cuenta con ese margen para elaborar una respuesta.

El 'plan A' del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida pasa por acelerar la tramitación de su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, uno de los puntos clave del programa del alcalde para el presente mandato, y una norma en la que en principio, y al contrario de lo que prometió el regidor en la campaña electoral de 2019, Madrid Central se mantendrá vigente, aunque con modificaciones.  De este modo se esquivaría el vacío legal que se producirá si el Ayuntamiento se ve obligado a suprimir Madrid Central antes de que se haya aprobado la nueva norma, en cuyo caso se estudiará la manera de limitar el acceso a la zona provisionalmente, aunque no sea de una manera "masiva", sino mediante el cierre al tráfico de calles puntuales.

El objetivo del Ejecutivo municipal es tener la nueva ordenanza lista para que pase por Junta de Gobierno a finales de julio y elevarla al pleno de ese mes para su aprobación, o, en su defecto, convocar a principios de agosto un pleno extraordinario a tal efecto.