El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la subida de las pensiones para 2026 en un decreto único

El Gobierno ha optado finalmente por aprobar en dos decretos separados la revalorización de las pensiones junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos, y, por otro lado, la prórroga de la suspensión de los desahucios. De esta forma, el Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo este martes la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%, según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%.

Estos incrementos van recogidos en un decreto ley que finalmente se ha separado del llamado escudo social, cuyas medidas se han incluido en otro decreto, para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas, ha apuntado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La decisión de separar la subida de las pensiones del llamado escudo social se produce después de que el pasado 27 de enero el Congreso tumbara, con los votos de PP, Junts, Vox y UPN, el decreto ómnibus que incluía ambas materias. Ahora la convalidación de ambos decretos se votará por separado.

La subida de las pensiones para 2026 ya fue efectiva en el mes de enero para los casi 13 millones de pensiones y prestaciones del sistema público y ahora se busca garantizar su continuidad, sin alteraciones en la nómina, con la aprobación, por separado, de la revalorización de las pensiones. La norma aprobada este martes incluye además la congelación de las cuotas de autónomos para 2026.

Pensiones, autónomos y vehículos eléctricos

El real decreto ley que decayó incluía una batería de medidas de todo tipo, entre ellas la revalorización de las pensiones en un 2,7 %; de las mínimas, en un 7 %, y de las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), en un 11,4 %, unas subidas que ya se aplicaron en la nómina de enero pero que ahora están en el aire.

También se prorrogaba el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 hasta que se apruebe el de 2026, se congelaban las cotizaciones sociales de los autónomos y se prorrogaban los umbrales de facturación que les permiten permanecer en el régimen de módulos.

Además se prohibían los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables, se prorrogaban los descuentos del bono social eléctrico y se eliminaba la obligación de que los perceptores de la prestación por desempleo presenten la declaración de la renta.

Otras medidas eran la prórroga de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, la bonificación fiscal por compra de vehículos eléctricos e inversiones en obras de eficiencia energética o la exención de IRPF para las ayudas por daños provocados por los incendios forestales, entre otras. 

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