El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre las restricciones de las CCAA

El Gobierno ha aprobado, este martes, un decreto para regular la nueva fase que se abrirá el 9 de mayo tras el fin del estado de alarma que, entre otras cosas, va a permitir a las Comunidades Autónomas recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restricciones que aprueben para seguir luchando contra la pandemia. La resolución deberá resolverse en un plazo de cinco días. 

El Ejecutivo facilita así a los gobiernos autonómicos una vía para interponer recursos de casación, en los casos de que los Tribunales Superiores tumben sus medidas. Es decir, se busca unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias, y en algunos territorios se permitieron restricciones que en otros, no.

Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus, según explican fuentes jurídicas. Sin embargo, este instrumento decaerá el sábado a media noche, y con él, esa posibilidad de llegar hasta el Supremo.



La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha detallado que "las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar, proponer y decidir a los tribunales, situaciones como el toque de queda, los confinamientos, cualquier circunstancia que limite derecho y libertades, pero están sometidas, como es lógico, a la autorización judicial correspondiente".

Prórroga del escudo social

El decreto de este martes también incluye medidas para controlar los pasajeros internacionales, y aprueba la prórroga de algunas medidas del escudo social cuya vigencia iba ligada al estado de alarma, como la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID.

También se mantiene la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre. Y se mantiene hasta el 9 de agosto la garantía de suministro de agua y energía y el bono social; la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; y la consideración de servicios esenciales a los recursos contra la violencia de género.

Lambán: "nos podría venir bien el toque de queda después del 9M”

Ante la proximidad del fin del estado de alarma de España, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido que tanto él como el resto de los presidentes autonómicos consideran que “nos podría venir bien imponer el toque de queda para después del 9 de mayo”. Aragón dispone de una ley propia que, como ha reconocido Lambán, les da "libertad" para decretar restricciones, pero no se incluyen ni los confinamientos perimetrales ni el toque de queda.

Al no poder aplicarse el toque de queda, Lambán ha lamentado que prácticamente "todas las comunidades autónomas están planteando este hecho como problema".

Desde el 25 de octubre de 2020 el estado de alarma impone la obligatoriedad de que en todo el país haya un toque de queda; en Aragón, hasta este domingo, está impuesto desde las 23.00 hasta las 06.00 horas. Durante este periodo solo se puede circular por la vía pública por motivos laborales o de extrema urgencia. El aumento de casos a principios de año obligó a que entre el 15 de enero y el 26 de febrero el toque de queda se adelantara a las 22.00 horas.

El presidente también ha confirmado que en los próximos días, previsiblemente este miércoles, la consejera de Sanidad del Gobierno, Sira Repollés, comparecerá para dar a conocer cómo se va a abordar el escenario de Aragón a partir del fin del estado de alarma.