AYUDAS COVID-19

El Gobierno aprueba ayudas directas de hasta 200.000 euros

En total se han aprobado 7.000 millones de euros, que se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas a proveedores y pago de acreedores

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Trabajo diario en un pequeño negocio
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas, que contará con un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas. Canarias y Baleares, las dos comunidades más afectadas por la pandemia por el mayor peso del turismo, aglutinan 2.000 millones del total. 

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha informado de la medida al término de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Calviño ha precisado que estos 7.000 millones se podrán destinar "al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros", para evitar que "el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación."

Caída del 30% de la facturación 

En concreto, este paquete financiero será gestionado por las Comunidades Autónomas y consistirá en ayudas directas no reembolsables de carácter finalista, que se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, siempre que la caída de la facturación sea al menos un 30% respecto a la de 2019.

A estas medidas, aclaró Calviño, podrán acogerse pymes y autónomos de 100 actividades económicas diferentes, que podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.

Los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros, y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Junto con el paquete de ayudas directas, este decreto-ley contempla también una línea de 3.000 millones de euros que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para extender los plazos de los avales y el importe de los mismos, para convertir los créditos en préstamos participativos, así como otorgar transferencias directas a pymes y autónomos para reducir el principal. Para ello, se aprobará un nuevo Código de Buenas Prácticas en el sector bancario.