El certificado energético será obligatorio para vender o alquilar

La luz o el gas que consume una casa está indicado, como ocurre con los electrodomésticos, en la llamada etiqueta energética. Se trata de un certificado que el propietario tiene que presentar si va a vender o arrendar un inmueble. A partir de ahora, esa etiqueta la sellará un técnico que está obligado a inspeccionar la vivienda. 

El procedimiento obliga al profesional a medir las ventanas y a examinar cualquier espacio por el que se pueda perder la energía. Luego, lo plasmará en el certificado energético, que se completará con las características de la caldera, el aire acondicionado o la orientación del inmueble.

A partir de ahora, será obligatorio contar con la etiqueta energética para vender o alquilar una vivienda, por lo que ya no sirve la inspección 'online' o por teléfono, el técnico está obligado a visitar el inmueble. Además, los profesionales deben formular recomendaciones para mejorar la situación de la vivienda o local en cuestión. 

"Sirve para que si en un futuro hay que hacer algún tipo de reformas se tenga en cuenta. Es importante que vaya a hacer la visita el técnico a la vivienda para poder tomar la información que necesita. El técnico inspecciona la vivienda, toma medidas, mira las ventanas y el aislamiento", explica Paula Ibor, responsable comunicación de Certicalia.  

La calificación energética debe figurar en cualquier anuncio físico y online de compra venta y alquiler de viviendas y locales. Está prohibido que aparezca indicado como "certificación en trámite".

La nueva etiqueta permite conocer las emisiones de CO2 -dióxido de carbono- y el consumo de las viviendas, lo que permite al comprador comparar y calcular los importes de sus facturas, lo que puede traducirse en un ahorro de la factura de la luz y la calefacción. 

"El inquilino va a tener mejor información sobre cuál es el gasto energético. La que tenga mejor cualificación energética significará que nos va a costar menos dinero calentarla, enfriarla, tener agua caliente", señala José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón 

La vigencia del certificado es de diez años, salvo si se obtiene la calificación 'G', la más baja, que será de un lustro. No tener la etiqueta o falsearla puede conllevar multas de entre 300 y 6.000 euros.