El Gobierno comienza a tramitar la ley que regulará el precio de los alquileres

Un año después de que los socios de gobierno empezaran oficialmente la negociación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, el Consejo de Ministros ha aprobado el texto este martes en segunda vuelta y lo enviará al Congreso para su tramitación como proyecto de ley. 

Considerada una de las leyes estrella del Ejecutivo de coalición, la conocida como 'ley de vivienda' recibió la semana pasada el informe desfavorable, pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un voto particular de cinco vocales del sector progresista. 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sostiene que el anteproyecto "El Gobierno mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda en aras a conformar parques públicos de vivienda y también fijar patrones para proporcionar casas dignas, asequibles, a los colectivos económicos más vulnerables, más débiles. Desde luego, no invade ninguna competencia autonómica", y ha subrayado que la nueva norma "salvaguarda y protege el derecho a la vivienda y es compatible con el derecho a la propiedad".  

El texto penaliza las viviendas vacías, permite a las comunidades autónomas regular el precio de los alquileres, prohíbe la venta del patrimonio público residencial y prevé aumentar el parque de vivienda social, así como que sean los juzgados los que de oficio suspendan los desahucios por impago de renta de familias vulnerables, entre otras medidas. 

La regulación de los alquileres, uno de los puntos más polémicos y que suscitan más rechazo en el sector inmobiliario, contempla la limitación de rentas para las persona jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas en las zonas que los gobiernos regionales declaren tensionadas, pero la norma contempla varios requisitos: que los precios no hayan subido en cinco años un 5% más que el IPC y que los gastos de la vivienda superen el 30% de la renta media de las familias de la zona., todo ello en función de un índice de precios que se elaborará en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley. 

Los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas podrán subir la renta en los nuevos contratos hasta un 10%, si en los dos años anteriores la vivienda ha sido objeto de rehabilitación o de obras de mejora energética y de accesibilidad.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha subrayado que la ley busca "proteger, en primer lugar, a los inquilinos e inquilinas, que son la parte más débil de la ecuación. Se lo pone fácil a los pequeños propietarios y, al mismo tiempo, exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios".  

El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria y el Gobierno espera recabar el apoyo de los socios de investidura para sacarla adelante. 

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha mantenido que la nueva ley de vivienda tiene una gran endeblez jurídica", y la ha calificado de "sectaria, que ataca la libertad individual, la propiedad privada y sobre todo el mercado de arrendamiento. Lo que no podemos hacer es una política de ocupas de salón", ha sentenciado.