El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la nueva Ley del Cine

El Consejo de ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual. El borrador del texto prevé la introducción de ayudas públicas para películas y series de televisión, así como la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, entre las principales novedades. Esta nueva ley tiene el objetivo de modificar la ley vigente de 2007 para adaptarse a los cambios que ha experimentado este ámbito y a los nuevos hábitos de consumo. Según ha explicado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, la ley se someterá a audiencia pública ante el sector audiovisual, antes de volver al Consejo de Ministros e iniciar su trámite parlamentario.

El objetivo, según el borrador del texto al que ha tenido acceso EFE, es "ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto para dotar de mayor coherencia y seguridad jurídica al sector, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección". Señala que el sector ha experimentado cambios en la distribución y explotación que ha provocado una variedad de contenidos y narrativas audiovisuales, así como nuevos hábitos de consumo. Por ello,   la nueva ley establezca que las ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto se hacen extensivas a otras que no estén destinadas, en primer término, a las salas de exhibición tradicionales, sino a otras como las plataformas televisivas.

Además, habrá nuevas ayudas para la distribución en espacios alternativos a las salas de exhibición o en internet para películas de difícil difusión, y otra línea para la distribución fuera de España de largometrajes y cortometrajes españoles. El anteproyecto también contempla nuevas ayudas para la creación de guiones y para el desarrollo de proyectos audiovisuales, así como para laboratorios de formación, para obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías y para actividades de I+D+i.

El texto prevé, en un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual que se centrará en favorecer una mayor colaboración público-privada y canalizar las peticiones y propuestas del sector en sus relaciones con las administraciones públicas. También participará en el diseño, elaboración, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual. A su vez, desarrollará un Plan de Fomento de la Alfabetización en Cultura Audiovisual y colaborará con otras instituciones de ámbito internacional, autonómico o local, con "especial consideración a la diversidad cultural y lingüística del Estado".

En la nueva regulación respecto al control de asistencia en salas, se incluye la obligación por parte de las plataformas de informar del número de visionados de las películas cinematográficas y de otras obras. Así mismo, se establece por primera vez la obligación de incorporar sistemas de accesibilidad (por ejemplo para personas sordas) como requisito para acceder a las ayudas a la producción de largometrajes y a la distribución. Además, de manera transversal para todas las ayudas, se valorará el fomento de la igualdad de género, la sostenibilidad y el impacto ambiental.

En cuanto a la cuota pantalla de exhibición, se establece un porcentaje mínimo del 20 % de películas "comunitarias o iberoamericanas", frente al 25 % actual, que además, son solo para filmes de la Unión Europea.