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ENTREVISTA

"El aborto forma parte del derecho de las mujeres a la salud. No podemos volver atrás, ha costado mucho conseguirlo"

La jurista Altamira Gonzalo califica de "ilegal" la intención de la Junta de Castilla y León de obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar

ARAGÓN NOTICIAS /
icono foto La jurista Altamira Gonzalo, este martes, en Aragón TV.

Que un médico ofrezca a una mujer embaraza la posibilidad de escuchar el latido del feto, como propone la Junta de Castilla y León, gobernada en coalición por el PP y Vox, es "ilegal", ha advertido la jurista Altamira Gonzalo en el programa Buenos Días, de Aragón TV. Una medida que busca disuadir a las mujeres de ejercer su derecho al aborto, legal en España desde 2010 antes de las 14 semanas de embarazo. "El aborto forma parte del derecho de las mujeres a la salud. No podemos volver atrás, ha costado mucho conseguir que las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestro cuerpo", ha recordado. 

De hecho, en la última década se ha reducido el número de abortos practicados. El Ministerio de Sanidad señala que en 2021 se practicaron más de 90.000. La tasa señala que algo más de 10 mujeres de cada 1.000, de entre 15 y 44 años, se someten a esta intervención. En Aragón, el dato se reduce y se sitúa en un 8,72.

La libertad de la mujer a decidir sobre su salud sexual y reproductiva es un derecho reconocido a nivel internacional, que se enmarca dentro de las políticas para eliminar cualquier tipo de violencia sobre la mujer. El último anuncio de Castilla y León contraviene ese derecho. "Quieren entorpecer y disuadir, pero tenemos el derecho a gestionar nuestra vida laboral, personal y reproductiva como queramos", ha subrayado la jurista. 

Un facultativo realiza una ecografía a una mujer embarazada. 

Desde el Gobierno central ya se ha requerido a la Junta el procedimiento técnico de la nueva norma y se ha dado conocimiento de que, de seguir adelante, se aprobara un cuerdo para declarar incompetente a la Junta de Castilla y León cuando actúe contra la Ley del Aborto. "Las comunidades no pueden reducir las leyes, lo único que pueden hacer es mejorarlas, como ocurre con las políticas contra la violencia de género", ha apuntado Gonzalo. 

Además, desde principios de 2022, con la modificación del artículo 172 del Código Penal, queda prohibida cualquier forma de coacción o acoso a las puertas de las clínicas que practican abortos, en su mayoría privadas. Solo uno de cada seis procedimientos se realizan en centro de la sanidad pública. Algo que el Gobierno busca mejorar con la aprobación el pasado diciembre de un nuevo texto.