El 99% de solicitantes de dependencia fallecidos en 2018 estaba sin valorar

La Comunidad aragonesa incumplía a finales de 2018 con el plazo máximo para resolver las solicitudes de dependencia, fijado en seis meses, y supuso que el 99% de los solicitantes fallecidos ese año ni siquiera habían sido valorados.

Así se recoge en el informe aprobado por la Cámara de Cuentas, en el que, a iniciativa de las Cortes Generales, se revisa la implantación de las recomendaciones realizadas a Aragón por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

La auditoría de la Cámara ha concluido que hasta dicha fecha, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) había implantado cuatro recomendaciones totalmente, parcialmente dos y tenía tres pendientes de implementar, de las nueve formuladas por el Tribunal de Cuentas en su fiscalización.

Defectos sin subsanar

Entre las tareas que siguen pendientes, el órgano fiscalizador ha constatado que Aragón incumplía en el año 2018 el plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda, que se situaba en 411 días de media, una demora que, según el Tribunal, resulta especialmente perjudicial en los casos de los beneficiarios que fallecen en la espera.

En este sentido, según el informe, de los 2.233 solicitantes fallecidos en 2017 y 2018, el 99% no contaba con resolución de reconocimiento de prestación por no haber sido ni siquiera valorados. Además, en ese segundo año, el sistema de información contable del IASS no identificaba el gasto destinado a la atención de la dependencia, ni el organismo disponía de un sistema de contabilidad analítica que permitiera la cuantificación exacta del coste de los servicios.

En cuanto a las recomendaciones implantadas parcialmente, la Cámara señala que a fines de 2018 todavía no estaba totalmente desarrollado el expediente electrónico para gestionar las prestaciones por dependencia, si bien, reconoce importantes avances pese a los retrasos en la gestión de las bajas por fallecimiento de los beneficiarios, lo que obligaba a un mayor control de los casos de abonos indebidos para su reintegro posterior.

Y por lo que respecta a las medidas implantadas totalmente, aparecen el desarrollo normativo necesario en aplicación de la Ley de la Dependencia, la integración del sistema informático de alta de solicitudes en el sistema nacional que gestiona el IMSERSO, así como la impartición y acreditación de formación a los cuidadores no profesionales, servicio al que en 2018 Aragón destinó 1,1 millones de euros, cofinanciados al 50%, por el Fondo Social Europeo.