Detenidas 20 personas en Zaragoza y Madrid por estafar 20 millones de euros en préstamos y ayudas públicas

El Grupo II de la U.D.E.F (Blanqueo de Capitales) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha detenido a 20 personas, 6 en Zaragoza y 14 en Madrid, por delitos de pertenencia a grupo criminal, fraude en subvenciones, estafas y falsedad documental.

Se trata de un grupo criminal que ha obtenido y justificado subvenciones y préstamos públicos del Ministerio de Industria por valor de 20 millones, fondos que no se han destinado al fin que se especificaba en las bases. Además, contaban con una red de sociedades pantalla con la que crearon una facturación ficticia para justificar el gasto de las ayudas a las empresas beneficiarias. Todas tenían un nexo común, dos consultorías y gestorías, la principal ubicada en Madrid, según informa la Policía en un comunicado.

Las actuaciones comenzaron en la Fiscalía Provincial de Zaragoza, tras la denuncia efectuada por el Ministerio por un posible delito de fraude en subvenciones debido al impago de un préstamo REINDUS por valor de 900.000 euros, otorgado a una sociedad afincada en la provincia de Zaragoza. La investigación que se abrió a continuación detectó nuevas sociedades beneficiarias de préstamos públicos, relacionadas con dos gestorías.

Sociedades pantalla para justificar los gastos

La Policía pudo comprobar que los fondos procedentes de los préstamos públicos no fue destinado al fin para el que fueron concedidos, principalmente para inversiones de desarrollo empresarial, sino que el dinero era desviado , en ocasiones para realizar reformas en los propios domicilios particulares de los investigados.

Y para justificar los proyectos objeto de estos préstamos públicos, contaban con una serie de facturas emitidas por sociedades que no tenían capacidad de realizar los trabajos que se les imputaba, ni trabajadores, ni actividad real.

Los cabecillas de la trama eran los apoderados de la consultora financiera localizada en Madrid, sociedad especializada en la consecución de subvenciones y préstamos públicos, pero cuyo asesoramiento iba mucho más allá de la mera tramitación de ayudas públicas, aportando infraestructura societaria ficticia para respaldar estos proyectos y resultar altamente beneficiados con las comisiones obtenidas por los préstamos públicos obtenidos. 

Los responsables de esta consultoría situaban al frente de las sociedades pantalla a personas de su confianza que actuaban como testaferros, que recibían una prestación económica únicamente por ser administradores o socios de cada una de estas mercantiles. 

El modus operandi utilizado por era el siguiente: la consultora se encargaba de solicitar la ayuda pública al Ministerio de Industria, y a su vez, se encargaba de justificar el gasto frente al propio Ministerio, estableciendo una facturación ficticia entre la sociedad destinataria del préstamo y las sociedades pantalla por maquinaria vieja que se encontraba ya instalada en las naves de la mercantil solicitante. 

También se han localizado préstamos públicos otorgados a sociedades controladas por los principales acusados. En este caso, las sociedades beneficiarias, tras abonar dos o tres cuotas de la ayuda, dando apariencia de solvencia al Ministerio, eran traspasadas a personas relacionadas y posteriormente concursadas, por lo que la deuda contraída con las administraciones públicas nunca se hará efectiva, con el grave perjuicio al erario público que esto supone.