Decae una moción del PSOE para apoyar la continuidad del servicio Bizi en igualdad de condiciones

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado una moción del PSOE, con los votos en contra del PP, Ciudadanos y VOX, en la que manifestaba el apoyo a la continuidad de un servicio público de bicicleta compartida -Bizi Zaragoza-, que garantice el acceso en condiciones de igualdad al mismo de todos los ciudadanos.

También se pedía iniciar los trabajos para definir un modelo de explotación económica y de gestión del servicio eficiente y beneficioso para los intereses de la ciudad y los ciudadanos, con la finalidad de elaborar, con carácter previo a la finalización del contrato en vigor, los pliegos para la licitación y prestación de este servicio público.

El tercer aspecto que también ha decaído era declarar la apuesta del Ayuntamiento por un sistema de bicicleta compartida de poste fijo, que se extienda por toda la ciudad consolidada, integrado de manera plena como un elemento de intermodalidad propio de la red de transporte, y apuesta por la adaptación tecnológica de los vehículos del servicio, avanzando hacia un parque de bicicletas públicas eminentemente eléctrico.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Alfonso Gómez, ha relatado que en el mandato del PSOE se construyeron 130 kilómetros de carriles bici y un servicio público de alquiler de bicis, que en 2011 tenía 43.000 abonados y se produjeron mas de 3 millones de desplazamientos con el consiguiente ahorro en la emisión de CO2 y la mejora de la movilidad urbana.

Gómez ha señalado que desde 2018, con un cambio en la normativa de la circulación ciclista y modelos de movilidad basada en las bicis gestionadas de forma privada, ha dado paso a 11.000 abonados en el servicio público de alquiler que "se ha abandonado". Ha dejado claro el apoyo del PSOE a un servicio público.

"Tuvo su momento"

La concejal de VOX, Carmen Rouco, ha dicho que entre el 2% y el 3% de la movilidad es ciclista pública o privada. Ha opinado que Bizi  "tuvo un momento y un lugar" y no se trata de apostar por la bici privada, sino de impulsar ideas de negocio y modelos innovadores para mejorar la forma en la que se mueven los ciudadanos.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho apoyar la incitativa porque es "imprescindible" y junto al tranvía "han sido de los proyectos pioneros y con más éxito en la ciudad, pero por el temor de Azcón y su alergia a lo público, la extensión de Bizi a los barrios la deja morir de inanición". Ha incidido en favorecer la intermodalidad y los hábitos son cada día más limpios para exigir ampliar el servicio Bizi y las bicis eléctricas. Ha aportado el dato de que BIZI tiene 13.824 usuarios a fecha de marzo de 2022.

El concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ha elogiado que Bizi permitió dar un paso hacia esa movilidad que irrumpió en 2008. Tal y como está planteado tiene tres beneficios, como el anclaje que evita dejarlas mal aparcadas; que los contratos al exigir inversión se planifiquen a largo plazo y la democratización y valor social de su uso. Ha comparado que el servicio Bizi cuesta unos 37 euros anuales frente a las de alquiler privado que son 120 al año. Ha agregado que, en Madrid, el servicio Bici Madrid son 15 euros anuales.

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha dicho que se ha aumentado un 80 por ciento la movilidad ciclista. Ha estimado que BIZI "despertó" la movilidad ciclista y fue un "momento idóneo" con la Expo 2008 y la llegada de turistas. Se pagaba con la publicidad y no fue un desembolso para las arcas municipales, aunque ha costado 63 millones de euros en estos años para 39.000 usuarios de máximo y en la actualidad son 13.000 abonados.

He rebatido que se deje languidecer el servicio Bizi para subrayar que el pliego se cumple escrupulosamente y es por 15 años, según firmó el PSOE y "no da lugar a cláusulas de progreso", ha lamentado para enfatizar: "es responsabilidad del PSOE".

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha intervenido para pedir prudencia al PSOE porque cuando se diseña Bizi se hace en "desigualdad" y no llega a todos los barrios y luego "un equipo de gobierno intentó hacer una ampliación ilegal por 10 millones de euros, con dos informes en contra y al final se perdió en el  Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) y en el contencioso administrativo".