Publicidad
671 KILÓMETROS EN ARAGÓN

¿Cuánto costaría viajar de Zaragoza a Madrid con peajes en las autovías?

La medida, que Transportes valora retomar ahora y que ya ha sido rechazada de forma unánime por el Ejecutivo autonómico, supondría pagar cerca de 10 euros por ir a la capital

ARAGÓN NOTICIAS /
Imagen de una autovía aragonesa
icono foto Imagen de una autovía aragonesa

¿Ir de Zaragoza a Madrid por autovía, pagando un peaje de 9 euros? Tras la reciente supresión del peaje en algunas autopistas, como la AP-2, la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha recuperado el debate sobre el pago por el uso de las autovías a partir de 2024. Es una propuesta recogida en el plan remitido por el Gobierno a Bruselas la pasada primavera y que ya suscitó un rechazo automático en amplios sectores de la sociedad española, incluido el Gobierno de Aragón, que la considera "un agravio". 

La medida, que ya estudió el PP cuando estuvo en el poder, pretende cubrir el déficit que arrastra la conservación de las carreteras del país. Un agujero que se estima alcanza los 8.000 millones de euros, que según el director general de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), Pablo Sáez, se ha generado después de muchos años de bajas inversiones.

Uno o tres céntimos el kilómetro

Pero, ¿cuánto costaría viajar por las autovías aragonesas, una vez instaurada esta medida?  Aragón cuenta con 671 kilómetros de autovía, una cifra que en el caso de todo el territorio nacional supera los 9.000 kilómetros en funcionamiento.

Sáez plantea un doble escenario, dependiendo de si el Gobierno pretende dedicar el dinero a cubrir únicamente las necesidades de las vías estatales, para lo que estima suficiente un céntimo por kilómetro, o si entra a resolver el, a su juicio, "grave problema" de conservación que presentan las vías dependientes del resto de administraciones, para las que calcula habría que imponer el cobro de tres céntimos por kilómetro. 

Cálculo realizado sobre la estimación más alta, 3 céntimos por kilómetro.

Por lo tanto, por recorrer los 320 kilómetros que separan la capital aragonesa de Madrid se podría pagar desde 3,2 euros a 9,6 euros. El coste para viajar desde Zaragoza hasta Teruel o viceversa por la A-23 podría rondar entre 1,7 euros y 5,1 euros. Realizar el camino hacia Huesca, también desde la capital, podría valer entre 0,74 céntimos y los 2,22 euros y hasta Jaca, uno de los principales rincones turísticos del Pirineo, el precio se elevaría desde 1,4 euros hasta los 4,2 euros por los 140 kilómetros existentes. 

Con ese cobro estimado de tres céntimos el kilómetro, Sáez considera que se lograría una recaudación anual de 4.600 millones de euros al año. Asegura que "España invierte en conservación unos 25.000 euros por kilómetro, el 50% de lo que registran países de nuestro entorno, lo cual es insostenible", considera Sáez. Como comparación, Italia destina 41.000 euros, Francia, 44.000 euros y Alemania, 48.000 euros por kilómetro.

Aun así, Sáez no es partidario de imponer peajes, aunque considera indispensable abordar la cuestión desde una perspectiva nacional. "Si a mí me dijeran que los Presupuestos Generales del Estado van a destinar cada año el 2% a la conservación de las carreteras, el segundo patrimonio del Estado después del forestal, no sería necesario imponer esa medida, pero no parece que vaya a suceder".

El Gobierno de Aragón considera la medida injusta

A la espera de una mayor concreción, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno central explicó a Aragón Noticias hace unas semanas que el debate del mantenimiento de nuestra red en condiciones óptimas está "abierto" y "debe fructificar" en un "modelo de financiación estable" que garantice su "sostenibilidad futura". 

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón, el consejero de Vertebración del territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, considera la medida "una injusticia" para el conjunto de España y un "agravio sangrante" en el caso de Aragón, "donde arrastramos un déficit de inversiones en carreteras del Estado de décadas”. Soro recuerda que la Comunidad ha soportado durante todo este tiempo del único tramo de la N-II entre Madrid y Barcelona que no estaba desdoblado. "Ahora que se libera, se vuelve a hablar, en cierto modo, de otro tipo de peaje”, estima.

Una postura a la que se han sumado la mayoría de las fuerzas políticas de la Comunidad. El PP ya ha puesto en marcha una campaña contra la medida en todos los municipios afectados y califica de “injusta” la aplicación de tasas por obras “ya pagadas”. El PSOE considera que “Aragón no necesita tasas sino que se finalicen las infraestructuras pendientes, y en eso trabaja codo con codo Javier Lambán con el Gobierno”, mientras que Ciudadanos reclama “menos peajes y más inversiones”.

Por su parte, el PAR, califica la medida de “ocurrencia” y ha solicitado una rectificación al Ejecutivo central. Una petición compartida por Podemos, que insta a Pedro Sánchez a aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas “si necesita dinero”. Por su parte, Izquierda Unida ha expresado su "disconformidad, contrariedad y rechazo", mientras que CHA ha advertido de que supone un "golpe" contra el territorio y la lucha contra la despoblación.

La DGT: “El que lo usa, lo paga”

El director General de Tráfico, Pere Navarro, se muestra partidario de implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado. "En todos los países europeos se paga por la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos", afirma.

Asegura que se deberían poner todos "de acuerdo para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías, y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad", subraya Navarro, defensor de que "el que lo usa, lo paga".

Transportes defenderá, por otra parte, que un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero se debe al transporte por carretera. Por eso, hasta la posible llegada de esta medida en 2024, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población, en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida.