Cruce de acusaciones entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza por el plan de la calle Embarcadero

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han protagonizado este viernes un cruce de acusaciones al atribuir al otro la culpa de haber incumplido y haber roto acuerdos y negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral, y el consiguiente retraso en la construcción de un lote de viviendas de alquiler social en distintos barrios de la ciudad.

La polémica ha surgido a raíz del anuncio del consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, de que va a presentar un contencioso-administrativo por la negativa del Ayuntamiento de Zaragoza, ha asegurado, a impulsar el Plan Especial de la calle Embarcadero, cuyos terrenos son propiedad de la comunidad autónoma. Pérez Anadón ha asegurado: "Que el Gobierno de Aragón acudirá en defensa de los intereses públicos por los incumplimientos respecto a los acuerdos de la calle Embarcadero".

Según ha asegurado el consejero de Hacienda, el Ayuntamiento les ha remitido una carta en la que constataban que "no va a cumplir con el acuerdo" fruto del cual estaba previsto llevar a cabo una permuta de terrenos que posibilitaran la construcción de un mayor número de viviendas de alquiler social para jóvenes, dado que en la calle Embarcadero el Plan General de Ordenación Urbana recogía unos derechos al Ejecutivo para levantar 111 pisos de venta libre.

Sin embargo, según ha informado en una rueda de prensa posterior el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha sido el Gobierno de Aragón el que "ha decidido atacar al Ayuntamiento, rompiendo de forma unilateral las negociaciones y en contra del interés de los vecinos de la zona, bajo el argumento de que han recibido una carta".

Una misiva con la que, ha apuntado Serrano, se respondía a la enviada previamente por la Dirección General de Patrimonio en la que instaba al Consistorio a sacar adelante el plan especial bajo el argumento de que estaba paralizado "sin causa".

"No es verdad que se haya paralizado" sino que estaba pendiente de una negociación para una permuta de suelos con el Gobierno de Aragón que se estaba tratando en las reuniones técnicas previas a la reunión de la próxima Comisión Bilateral, ha informado Serrano.

"No hay precedentes de que tratando un tema en la Comisión Bilateral, unilateralmente se rompa la negociación por el Gobierno de Aragón", ha advertido el responsable de Urbanismo, para quien la decisión "da imagen del grado de nerviosismo que se ha instalado en el Gobierno de Aragón" y que atribuye a la candidatura del alcalde, Jorge Azcón, a la presidencia de la comunidad autónoma.

Por otro lado ha expresado su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno de Aragón a la firma del convenio para la construcción de 486 viviendas públicas, cuyo plazo finaliza el próximo 31 de enero, y seis meses después de que el Ayuntamiento presentara el plan.

Lambán achaca la judicialización del plan a los obstáculos del Ayuntamiento

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes, ante la judicialización del plan Embarcadero por la negativa a impulsarlo del Ayuntamiento de Zaragoza, que su Gobierno recurrirá a los tribunales o a las vías que le permitan las leyes cuando se obstaculiza su voluntad de invertir o proporcionar servicios.

Así lo ha indicado tras el anuncio del consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, de que va a presentar un contencioso-administrativo por esa negativa.

Tras destacar su voluntad de cooperación con el Ayuntamiento de Zaragoza y de satisfacer las necesidades de los zaragozanos desde que accedió al Gobierno en 2015, con el actual alcalde, Jorge Azcón, y con el anterior, Pedro Santisteve, ha incidido en que las cuestiones se dirimen en los tribunales cuando no salen adelante por la vía del diálogo.

"No iremos a los tribunales para generar problemas, para que Aragón o Zaragoza pierdan oportunidades o para que en Aragón o en Zaragoza se dejen de hacer inversiones", ha aseverado Lambán, quien, en todo caso, ha asegurado que el Gobierno de Aragón planteará la entrada en los conflictos de los tribunales siempre que crea que tiene razón y no se ponga en riesgo una iniciativa.