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FRENO A LA LUDOPATÍA

Consumo y autonomías cruzarán las listas de adictos al juego online y presencial

La norma facilitará que una persona que no quiera jugar y se haya inscrito en el Ministerio no pueda acceder a portales de juego electrónico ni a establecimientos físicos en todo el país

ARAGÓN NOTICIAS /
Aplicación de apuestas online.
icono foto Aplicación de apuestas online.

El Ministerio de Consumo y las comunidades coordinarán a partir de ahora los registros de 'autoprohibidos' del juego presencial y online, con lo que una persona que no quiera jugar y se haya inscrito en el del Ministerio no podrá acceder a portales de juego electrónico -de competencia estatal- ni a establecimientos físicos -de competencia autonómica-.

Además, quien se haya inscrito en un registro autonómico no podrá acceder a un establecimiento de juego en su comunidad, pero tampoco podrá hacerlo en otra distinta a la suya. Ese es el acuerdo al que ha llegado el Consejo de Políticas del Juego, órgano de participación y coordinación entre el Estado y las comunidades, a propuesta de la Comisión Sectorial para proteger más a las personas que deciden ser excluidas de esta actividad.

60.000 inscritos en el registro estatal de adictos al juego

El objetivo del acuerdo alcanzado entre Consumo y las comunidades, según el Ministerio, supone en definitiva que los efectos de la inscripción en uno de los registros se extiendan a todos los demás. Al darse de alta voluntariamente, la administración y las empresas prohíben la entrada a portales online donde se puede apostar o participar en juegos de azar.

En la actualidad, existe un registro de carácter estatal, el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (Rgiaj), y cada comunidad autónoma posee uno propio. El Rgiaj ha alcanzado ya los 60.000 inscritos, 3.700 más que al inicio de este año.

Durante el encuentro que ha mantenido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con los consejeros del ramo, Garzón ha anunciado que el Ministerio someterá a información pública, a partir de mañana, el proyecto de real decreto por el que se regula el desarrollo de entornos más seguros de juego.