El menor que presuntamente causó el incendio en Teruel estaba tutelado por la Generalitat de Cataluña

El incendio originado en la planta baja del recurso destinado a menores extranjeros no acompañados, ubicado en la calle Comadre de Teruel fue presuntamente intencionado. Según informa el Gobierno de Aragón, el menor al que, por ahora, se le atribuye el incendio fue detenido el pasado martes y niega los hechos. El acusado está tutelado por la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo aragonés explica que ya había solicitado a la administración catalana la devolución del menor, pero esta se negó al traslado.

Para el Gobierno de Aragón, la situación pone de manifiesto el cambio de perfil de algunos menores no acompañados. "Hay perfiles que tienen trastornos de conducta o tienen problemas añadidos que deben ser tratados con otras herramientas de las que no dispone un centro de protección normal", ha afirmado Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia.

También denuncian que el Gobierno de España está tensionando los sistemas de protección de menores de las comunidades autónomas, convirtiéndolos en sistemas de reforma, para los que no existen herramientas ni personal profesional suficiente.

En la tarde de este miércoles el Ayuntamiento de Teruel, subdelegación del Gobierno y los vecinos han mantenido una reunión para abordar los problemas de inseguridad de la zona. "El piso de la calle Comadre está cerrado. Es verdad que los vecinos nos dicen que en parte eso ha mejorado la tranquilidad, pero a mí me preocupa que al final en la Plaza de las Juderías se ha generado un entorno de inseguridad", señala Emma Buj, alcaldesa de Teruel. 

En este sentido, Enrique Gómez, subdelegado del Gobierno en Teruel ha indicado que este asunto requiere de un recorrido administrativo. "Estamos hablando en términos generales de una duración en torno a cinco o seis meses, porque esto va a una comisión de garantía de videovigilancia", ha matizado.

En el momento del incendio, originado en la planta baja, que es la zona común, cinco de los menores estaban fuera del piso. La Policía tuvo que rescatar a los otros cuatro que se encontraban en el interior y a los dos educadores, los únicos que tuvieron que ser ingresados por inhalación de humo. Este miércoles ha recibido el alta la trabajadora que todavía permanecía hospitalizada.

El Ejecutivo aragonés tiene previsto reclamar a la Generalitat el coste de reparación de los daños ocasionados en el centro turolense, así como el importe de la responsabilidad civil derivada, en caso de que haya una sentencia firme.

Actualmente, el fiscal encargado del caso ha dictado medidas cautelares de internamiento en régimen cerrado para el menor hasta la celebración del juicio. Una vez se dicte sentencia firme, el Gobierno de Aragón solicitará su traslado a Lérida, ya que es la Generalitat de Cataluña quien tiene la tutela del joven, que se trasladó por voluntad propia a Teruel el pasado mes de mayo.

Tras su llegada, relata el Gobierno aragonés, éste requirió al servicio de menores de Lérida, dependiente de la Generalitat, que recogiera al menor y lo trasladara a su comunidad de origen. Sin embargo, dicho servicio se negó a hacerse cargo del joven, presunto responsable del incendio.

Actualmente, los educadores sociales trabajan en la protección de menores en situación de vulnerabilidad, pero, según denuncia el Ejecutivo autonómico, este tipo de casos excede las capacidades y responsabilidades de los profesionales.

Para el Gobierno de Aragón, el bienestar del menor debe ser siempre la prioridad. Por ello, consideran que medidas como las adoptadas son imprescindibles para proteger a la mayoría de los menores que sí desean integrarse en la sociedad.
 

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