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ECONOMÍA

Aragón recibirá más de 10,5 millones de euros del Gobierno central para impulsar la conciliación familiar

Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prevén una dotación total de 190 millones de euros destinada a la financiación del Plan Corresponsables para comunidades y ciudades autónomas

ARAGÓN NOTICIAS /
Niños paseando junto a su madre. / Europa Press.
icono foto Niños paseando junto a su madre. / Europa Press.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Igualdad, la distribución de 10,5 millones de euros a Aragón para el impulso de la conciliación familiar a través del Plan Corresponsables. En total, cuenta con una dotación para toda España de 190 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Esta distribución territorial será sometida a la Conferencia Sectorial de Igualdad para su aprobación definitiva.

El Plan Corresponsables se puso en marcha en 2021 con las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para crear una red pública de cuidados y desarrollar actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años. Además, facilita la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados y dignifica y certifica la experiencia profesional del cuidado no formal.

Las comunidades y ciudades autónomas desarrollan este plan a través de cinco ejes de acción:

  1. Facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos menores de hasta 16 años de edad mediante la creación de bolsas de cuidado profesional.

  2. Crear empleo de calidad en el sector del cuidado de niñas y niños.

  3. Dignificar el trabajo de cuidados mediante la certificación de la experiencia informal, así como mediante el establecimiento de atención psicosocial y apoyo a las personas cuidadoras.

  4. Sensibilizar en materia de corresponsabilidad de mujeres y hombres.

  5. Elaborar un Mapa Estatal de Cuidados que facilite el acceso a la información en materia de cuidados disponible en la Administración General del Estado y en las diferentes Comunidades Autónomas, así como la configuración de un banco de buenas prácticas que facilite la orientación de la política pública y el intercambio de experiencias.