Aragón recibirá más de un millón de euros para mejorar la accesibilidad de viviendas

Aragón recibirá 1.600.000 euros procedentes de fondos europeos para que, a través de subvenciones, las personas con necesidades especiales puedan mejorar la accesibilidad de sus viviendas.  Es uno de los temas tratados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales desarrollado esta mañana en Madrid, donde también se ha abordado la necesidad de modificar el decreto de discapacidad con el fin de agilizar la valoración de estas personas.

María Victoria Broto, Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, cree que debe ser más flexible y recuerda que la comunidad aragonesa tiene dificultades para encontrar a profesionales con capacidad para otorgar esas acreditaciones. La Consejera lo atribuye a que "tenemos un decreto que desde luego no es flexible y porque no se permite otras pasarelas ni que haya otros profesionales que puedan participar en la valoración".

Para Broto es prioritario "reducir las listas de espera, las hemos reducido mucho en el último año, pero también nos queda mucho por avanzar", ha indicado. 

Aprobados un total de 50 millones de euros

El Gobierno y las diferentes comunidades autónomas dado luz verde al reparto de un total de 50 millones de euros de fondos europeos, que servirá para ejecutar obras de mejora en viviendas, tanto en comunidades de vecinos como casas particulares, y favorecer el bienestar a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. Una dotación destinada a medidas como la instalación de ascensores o elevadores, escaleras mecanizadas o construcciones de rampas.

Se ha acordado la distribución de esos fondos en la primera reunión presencial que celebra el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desde marzo de 2020, presidida por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

"Estoy segura de que este reparto supondrá un avance definitivo para la eliminación de todas las barreras, permitiendo que las personas mayores, con discapacidad y las personas en situación de dependencia puedan vivir donde ellos desean y de la forma que ellos y ellas decidan", ha aseverado Belarra.

Además, el consejo ha analizado el plan de reducción de las listas de espera, así como el plan de choque de la dependencia, que en 2021 ha estado financiado con 600 millones y en 2022 se propone incrementar esa inversión con 600 euros más.

La ministra ha valorado ya "algunos frutos": de enero a septiembre de este año el número de personas con dependencia que se encuentran en listas de espera para valoración de grado se ha reducido en un 8 % y ha aumentado en un 6 % el número de personas con la prestación concedida, es decir, 60.000 personas más.

También se ha reducido, en ese periodo, un 9,1 % los solicitantes pendientes de resolución del Plan Individualizado de Atención -la propuesta de prestación- en 21.150 personas.

A la entrada de la reunión, algunos consejeros han recordado a Derechos Sociales que a pesar de ese incremento en el presupuesto para dependencia todavía está lejos la financiación prevista en la ley de aportar el 50 % desde la administración central y el otro por la autonómica.