Aragón prevé iniciar el sistema de tarjetas monedero para familias vulnerables entre junio y julio

La implementación del modelo de tarjetas monedero para familias en riesgo de exclusión con menores a su cargo será realidad en Aragón a finales de junio o principios de julio, según ha trasladado la directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte, en la reunión extraordinaria del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales.

En Aragón se prevé que con este sistema puedan acceder a este recurso 700 familias, de forma que se atenderá a unas 3.500 personas, aunque todo dependerá del número de miembros que tenga cada familia. El mínimo estimado es de 550 tarjetas y el máximo, de 700.

Desde el Gobierno de Aragón han apuntado que el sistema está ya listo para empezar a funcionar, pero se ha vuelto a reclamar una mayor financiación para sostenerlo, dado que la comunidad recibirá 1.127.264,82 euros para garantizar su funcionamiento de mayo a diciembre de este año, una cantidad que ve "insuficiente".

Además, ha reclamado la elaboración de un protocolo con todos los criterios de selección de las familias y las medidas de acompañamiento mínimas que necesitan esos beneficiarios y también todo lo relacionado con la protección de datos.

Según estas fuentes, con el programa anterior, los bancos de alimentos y los comedores sociales de Aragón estaban cubriendo las necesidades de entre 30.000 y 40.000 personas en las tres provincias, que con el nuevo sistema quedan "desasistidas" por no cumplir el requisito de tener menores a su cargo. Esto incluye colectivos como el de las personas mayores solas, familias sin hijos o de origen migrante.

Los gobiernos autonómicos deben identificar y derivar a las familias que se beneficiarán de esta tarjeta, en el ejercicio de sus competencias exclusivas en servicios sociales y en función de los objetivos aprobados de forma unánime por todos los territorios en diciembre de 2021.

Las tarjetas monedero suponen un nuevo sistema de aplicación del Fondo Social Europeo Plus, que sustituye a la tradicional entrega directa y que gestionarán los gobiernos autonómicos.