Aragón pide la propiedad de la Cueva de Chaves y el embargo de bienes de Victorino Alonso

El Gobierno de Aragón ha solicitado en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca la entrega de la finca de caza de Bastarás, donde se ubica el yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, así como el embargo de bienes del empresario Victorino Alonso, en cumplimiento de la sentencia que le condenó a dos años de cárcel y a pagar 25,5 millones de euros por destruir este enclave.

En su escrito, el Ejecutivo autonómico fundamenta su petición en el tiempo transcurrido desde que se dictó la condena, en enero de 2016, confirmada por la Audiencia de Huesca en septiembre de 2018, y en el hecho de no haberse practicado embargo alguno al acusado en ejecución de la sentencia.

La Administración aragonesa pide la adopción de las medidas planteadas para "acabar con una demora que perjudica al Gobierno de Aragón y deja impune al condenado y al responsable civil subsidiario", en referencia a la sociedad que gestionaba el coto de Bastarás, Fimbas, vinculada al empresario leonés.

El proceso de demora se produjo a raíz de la decisión adoptada en noviembre de 2018 por el titular del referido juzgado de lo penal de dejar en suspenso la sentencia, en un auto en el que el magistrado sopesaba la situación personal de Alonso, entre otras cuestiones su insolvencia económica para hacer frente a la indemnización.

La Cueva de Chaves, patrimonio mundial de la Unesco

La petición de alzamiento de la suspensión de la pena y de entrega de la finca de Bastarás ya fue formulada en febrero del año pasado por la letrada zaragozana Pilar Villellas, en representación de la acusación popular ejercida por la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa).

A esta petición, el responsable judicial argumentó que debía de ser el Gobierno aragonés quien la formulara, al corresponder a esta administración todo lo referido a cuestiones de responsabilidad civil. Finalmente y cinco años después de ser condenado el conocido como "rey del carbón", el Ejecutivo ha reclamado al juzgado la entrega en propiedad de la finca, valorada inicialmente en 12,5 millones, y el embargo de los bienes del empresario.

Victorino Alonso fue condenado como responsable directo de la destrucción del yacimiento arqueológico de Chaves, uno de los más importantes del neolítico español y europeo. Ambos tribunales valoraron, en atención a la opinión de los peritos, que el enclave de Chaves y otros situados en su entorno, de interés para el arte rupestre, estaban declarados de interés cultural, además de estar considerados en su conjunto como patrimonio mundial de la Unesco.