Aragón impulsa la primera norma de Europa de tecnologías en la nube

Aragón impulsa la que será la primera ley en Europa para la implantación y desarrollo de tecnologías ‘cloud’ -también conocidas como "en la nube"-, según han anunciado este lunes en Huesca la consejera de Ciencia, Maru Díaz, y la directora gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos, Mayte Ortín, durante su visita al Centro de Proceso de Datos del Ejecutivo en Walqa, el ‘cerebro informático’ de la administración autonómica. Además, la consejera ha anunciado que el gobierno de Aragón va a invertir casi 19 millones de euros para reforzar la ciberseguridad en la administración. 

La nube permite almacenar información y acceder a servicios a través de internet y su uso se extiende a aplicaciones cotidianas como Gmail, Whatsapp o Zoom. Actualmente, los servicios públicos digitales de la administración autonómica se prestan mayoritariamente desde centros de procesos de datos privados, con el riesgo de pérdida de competitividad que ello puede suponer en el futuro. La ley Cloud servirá para decidir qué datos son los que se suben a internet y sobre todo para protegerlos de los ciberataques. 

Como han avanzado Díaz y Ortín, el Gobierno va a apostar por un “modelo híbrido, en el que aquellos datos más sensibles y los servicios esenciales continuarán en el ‘cloud’ privado y en el que se decidirá, con todas las garantías, en qué casos el ‘cloud’ público es más adecuado para la prestación de los servicios desde la perspectiva de eficiencia en el uso de recursos, la sostenibilidad o la innovación.

La consejera ha asegurado que la norma quiere servir de “palanca para acelerar la transformación digital” en Aragón y preparar a la Comunidad “para el reto tecnológico apostando por una tecnología democratizadora y sostenible”. Además, es también una tecnología sostenible, según ha remarcado la consejera, que permitirá al sector público mejorar su eficiencia energética y reducir su huella de carbono.

La ley, que podría llegar a las Cortes para su tramitación a finales de año, tendrá un proceso de participación ciudadana e incluirá una carta de garantías.