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ACUERDO EN LAS CORTES

Aragón anuncia mejoras en el salario y las ratios de los trabajadores de residencias

El pleno de las Cortes de Aragón ha dado su apoyo unánime a una modificación legislativa que incremente la calidad de vida de residentes y empleados. La Comunidad registra 350 residencias de mayores

ARAGÓN NOTICIAS /
icono foto Fotografía de una residencia de mayores (EP).

El Gobierno de Aragón pretende mejorar "de manera inmediata" las condiciones laborales del personal de residencias de mayores, uno de los sectores más afectados por la pandemia de la COVID-19. Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto tras el pleno de las Cortes. Se trata de una reforma de la ley de ordenación de las entidades de servicios sociales, así como del decreto que regula el número de trabajadores que ha de haber en las residencias de personas mayores con el objetivo de mejorar retribuciones y ratios de personal.

El pleno de las Cortes de Aragón ha dado esta mañana su apoyo unánime a las 96 propuestas elaboradas por la comisión especial de estudio de las residencias de mayores en la Comunidad, centradas en tres vértices: mejorar la calidad en los cuidados, las condiciones de los trabajadores -en su mayoría mujeres y con bajos salarios- y plantear políticas de envejecimiento activo.

En total, Aragón cuenta con casi 350 residencias para mayores, con un tamaño medio es de 66 plazas -cuatro puntos por debajo de la media nacional-. En ellas, 22.000 mayores tienen su casa y un 70% son mujeres. En relación a estos datos, el acuerdo plantea un nuevo modelo de residencia centrado en los derechos individuales y donde se evite una actitud paternalista o un trato infantilizado. Esto es, que el residente mantenga su intimidad y guarde la capacidad de elegir. La comisión de estudio de las Cortes también plantea que se eliminen las contenciones físicas y farmacológicas, siempre que sea posible. 

Residencias más pequeñas e integradas en el barrio

Entre las propuestas, también se incluye una reducción del tamaño del edificio y su integración en el barrio, con las puertas abiertas a usos comunitarios. Se pide escuchar a las familias, que puedan entrar en los órganos de decisión de las residencias, y resolver déficits como la falta de profesionales en el medio rural, cuyos trabajados tienen una alta precariedad y un escaso reconocimiento social.

La consejera Broto ha apuntado que para fijar cuál debe ser la ratio en estos centros se ha de alcanzar un "acuerdo" entre todos los actores implicados en la gestión de los servicios sociales y sobre las retribuciones ha señalado la necesidad de mejorar la financiación pública, pero también los convenios de las empresas que gestionan estas residencias.

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