Aragón extiende las ayudas urgentes de Ateca a los afectados por los incendios de Nonaspe, Castejón de Tornos y Añón de Moncayo

El Consejo de Gobierno celebrado este miércoles ha aprobado el decreto-ley por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias para los afectados por los incendios de Nonaspe, Castejón de Tornos y Añón de Moncayo, con las mismas bases del puesto en marcha para hacer frente al fuego de Ateca. Las ayudas podrán solicitarse a partir de este viernes, 23 de septiembre. 

En concreto, se destinarán ayudas directas a agricultores y ganaderos para facilitar la continuidad de sus explotaciones; se establecerán medidas destinadas a la restauración o reparación de infraestructuras colectivas de riego; y se priorizará a los afectados en el acceso a ayudas e inversiones directas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente:

• Ayudas a la modernización de explotaciones
• Ayudas de industrialización y comercialización agroalimentaria
• Ayudas de modernización de regadíos
• Inversiones para la restauración forestal y medioambiental

El presente decreto-ley se aplicará en los términos municipales de Nonaspe, Mequinenza, Báguena, Burbáguena, Castejón de Tornos, Tornos, Alcalá del Moncayo, Ambel, Añón del Moncayo, Borja, Bulbuente, El Buste, Litago, Tarazona, Trasmoz y Vera de Moncayo.

Las solicitudes de ayudas destinadas a agricultores y ganaderos para facilitar la continuidad de sus explotaciones deberán presentarse en un plazo máximo de 15 días naturales a partir del día siguiente de la publicación del decreto-ley en el Boletín Oficial de Aragón, que se producirá este viernes, 23 de septiembre. Mientras que el plazo de las solicitudes para la reparación de las infraestructuras de riego se extiende hasta el 18 de noviembre.

Las ayudas se establecen a partir de las declaraciones responsables de los propietarios de las explotaciones, provienen de fondos propios del Gobierno de Aragón, están sujetas al régimen de mínimos de la Unión Europea y son compatibles con las ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico y el resto de administraciones.