Acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades para el nuevo plan dotado con 7.000 millones

Los consejeros autonómicos de Vivienda han participado este jueves en la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid para aprobar la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya acordados con las comunidades autónomas. El plan está dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y blinda las viviendas públicas con carácter permanente. Al menos el 40 % de estos fondos deben destinarse a la conformación de este parque público.

“De lo que se trata es de confirmar ese reparto en torno a las comunidades autónomas para, efectivamente, comenzar lo antes posible a hacer esas transferencias y que puedan ejecutar este plan en su territorio. Por tanto, un día muy importante”, ha asegurado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien, antes de la reunión, manifestaba su confianza en el acuerdo.

En el caso de Aragón, la asignación para 2026 será de 30,4 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 266 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la Comunidad.  

Antes de las declaraciones de la ministra, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domingo, ha manifestado, en nombre de las autonomías de signo popular, que votarán a favor del reparto de los fondos, aunque ha expresado su rechazo del fondo y las formas en que se les ha planteado el plan. Domingo ha añadido que se reservan la posibilidad de presentar recursos ante el Tribunal Supremo.

La ministra, por su parte, ha destacado el acuerdo: "Es muy importante que distintas administraciones de distinto color político nos estemos poniendo de acuerdo y este es el camino, a este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo". 

La ministra ha insistido en que la vivienda necesita de este acuerdo y ha anticipado que el objetivo es llegar a 2027 para consolidar estas políticas de vivienda. Rodríguez ha destacado que han sido muchos meses de trabajo y diálogo para alcanzar este acuerdo con agentes, operadores y el sector.

Rodríguez ha recalcado que para solucionar este problema se necesita más inversión pública y ampliar el parque público de vivienda con más construcción, movilizando vivienda vacía o comprando vivienda existente para ponerla a precio asequible. Ha añadido que con este Plan de Vivienda, con Casa 47 y con el PERTE para la industrialización se despliegan los efectos de esta política para lograr un parque público blindado para siempre.

El plan blinda la vivienda pública y protegida

Este plan recoge que el 60 % de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40 % lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen precios asequibles y protección permanente de la vivienda.

Del total de fondos, un 40 % irán destinados a la construcción, un 30 % a la rehabilitación y otro 30 % a las ayudas.

Incluye el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella y una cláusula antifraude en las adjudicaciones y que deberán hacerse con criterios objetivos medibles, transparentes y trazables, aunque el Ministerio ejercerá un doble control para dar transparencia al mercado.

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