Una veintena de socios de la Unión Europea (UE), entre ellos España, han rechazado la intención del Parlamento Europeo de que los estados miembros se hagan cargo del coste de las PCR que tendrían que realizarse las personas que viajan a otro país, y que quedarían reflejadas en el 'certificado verde digital'. Está previsto que el próximo mes de junio este documento pueda estar ya operativo. 

La necesidad de poner en marcha este certificado, que facilitará la movilidad conforme se levanten las restricciones por la pandemia de COVID-19, ha sido un asunto debatido en la cumbre de la UE de Oporto (Portugal). El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ha abordado la iniciativa en la reunión que ha mantenido este sábado, al margen de la cumbre, con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.

En esa reunión, Sánchez ha resaltado la necesidad de que "con urgencia" entre en vigor este certificado, esencial para países receptores de turismo como España, que, ha subrayado, contribuirá a la recuperación económica.

Hoy he trasladado a @EP_President la necesidad de acelerar la producción, entrega y distribución de vacunas en Europa, y la urgencia de un acuerdo sobre el Certificado Verde Digital. Además, debemos impulsar el futuro mecanismo que permita garantizar su acceso universal. pic.twitter.com/fQLquYdRYU

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 8, 2021

Sin embargo, uno de los obstáculos para su aprobación es la intención del Parlamento Europeo de que las PCR sean gratuitas y su coste lo asuman los estados miembros. Unos veinte países, incluido España, consideran que esa pretensión genera muchos problemas, porque la mayoría no tiene capacidad técnica, logística y económica para asumirlo. 

Si no se produjese un acuerdo al respecto, las diferencias podrían retrasar la puesta en marcha del certificado verde digital. No obstante, España tiene el convencimiento de que "eso no va a ocurrir. Habrá un consenso final y en junio ya estará operativo".

La UE se compromete a reducir la brecha social

Los líderes europeos se han comprometido este sábado a trabajar para desarrollar el 'Pilar Europeo de Derechos Sociales' y reducir las desigualdades. "Estamos comprometidos con reducir las desigualdades, defender salarios justos, combatir la exclusión social y hacer frente a la pobreza", han afirmado los líderes de los Veintisiete en la Declaración de Oporto, adoptada este sábado en la segunda jornada de la cumbre social que se ha celebrado en la ciudad portuguesa.

La cita de Oporto ha reunido de forma presencial a 24 de los 27 líderes europeos, una asistencia que, según los organizadores, confirma la importancia que el bloque concede a las políticas sociales.

Entre las ausencias presenciales -justificadas por la situación de la pandemia-, figura la canciller alemana, Angela Merkel, que participa en la reunión por videoconferencia. La Cumbre aprobó el viernes un compromiso que servirá como una "brújula" para avanzar en el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, con metas hasta el año 2030.