Algunas comunidades rechazan la mascarilla obligatoria al aire libre

Desde el 14 de julio de 2020, el uso de la mascarilla es obligatorio en Aragón siempre que se esté en la vía pública, en espacios al aire libre, en lugares cerrados de uso colectivo o que se encuentren abiertos al público, y también en los transportes, sin importar el cumplimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros. Desde el pasado miércoles, 31 de marzo, lo es también en toda España, tras la entrada en vigor de la nueva orden del Gobierno publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva medida endurece el uso de la mascarilla a nivel nacional, la única excepción son los menores de seis años y aquellos que realicen deporte al aire libre de manera individual. 

Esta orden es, para muchos, muy restrictiva, en especial  para las localidades costeras, que han mostrado su rechazo a la medida. El Ministerio de Sanidad ya ha comunicado que en los próximos días se revisará de forma conjunta con las comunidades autónomas la denominada 'ley de la nueva normalidad', con el objetivo de establecer criterios comunes. Esta ley ha sido objeto de análisis en el Consejo Interterritorial de Salud, en el que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha ofrecido a las comunidades "trabajar de manera técnica" para intentar "dentro del margen" que posibilita la norma, elaborar criterios técnicos de aplicación. 

En este sentido, algunas autonomías han manifestado la necesidad de aclarar el punto sobre el uso obligatorio de mascarillas, aún con distancia de seguridad y sobre todo, dicen, de "armonizar" porque hay comunidades que tienen distinta normativa.

Algunas comunidades ya se han pronunciado, es el caso de Baleares, que interpreta que la mascarilla no es obligatoria en playas y espacios naturales para quienes van solos o con sus convivientes y mantienen las distancia respecto a los demás, pero sí en las reuniones sociales en esos lugares. Por su parte, el consejero cántabro de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha señalado que la ley se podrá matizar entre el Gobierno y las comunidades porque ha quedado, asegura, "descontextualizada".